Gobierno federal y estatal impugnan orden de desminado inmediato en Michoacán

Michoacán.- Una resolución judicial impugnaron autoridades federales y del estado de Michoacán que las obligaba a implementar de forma inmediata un plan de identificación, señalización y retiro de minas terrestres colocadas por el crimen organizado, particularmente en la región de Tierra Caliente.

Según el Sol de México, estas minas han cobrado la vida de al menos dos personas en fechas recientes, tras estallar al ser pisadas.

La medida, promovida por el juez Sergio Santamaría Chamu, del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, buscaba responder al riesgo latente para la población civil, pero fue desafiada por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Juez ordenaba un plan nacional de desminado

El lunes 10 de marzo, El Sol de México reveló que el juez Santamaría Chamú había ordenado a los gobiernos Federal y de Michoacán, junto con las autoridades militares, emprender de inmediato un operativo nacional para localizar sitios donde el crimen organizado habría instalado explosivos de forma deliberada, no solo en Tierra Caliente, sino en todo el territorio nacional.

Además de solicitar el despliegue de operativos, el juez pidió que se informaran cada 72 horas los avances en el retiro de minas, algo que también fue objetado por las instituciones involucradas.

Instruía la elaboración de un programa nacional de desminado con acciones específicas para evitar nuevas víctimas.

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Denuncias ciudadanas impulsaron la resolución

La resolución judicial fue motivada por una denuncia colectiva presentada por 15 personas, quienes acusaron la omisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de los titulares de Sedena, Guardia Nacional y SSPC.

Los denunciantes advirtieron que la presencia de minas representa una amenaza constante para comunidades enteras, que viven bajo el control o influencia del crimen organizado.