Juez falla a favor de particulares en disputa de tierras en Oaxaca, desatando protestas de la comunidad de Tilzapote

Oaxaca.– Un juez ha fallado a favor de dos particulares, Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, para que el Estado mexicano les pague 6 mil millones de pesos por 300 hectáreas de tierras que reclaman como suyas, aunque los habitantes de la comunidad de Tilzapote, Oaxaca, defienden que estas tierras les pertenecen.

La disputa comenzó en 2011 y se intensificó en 2016 cuando los tribunales agrarios dictaron una sentencia favorable a los supuestos dueños, quienes afirman contar con documentos legales que respaldan su propiedad desde hace más de 70 años.

A pesar de las denuncias de irregularidades, los particulares lograron que el juicio agrario fuera resuelto de forma expedita, obteniendo una sentencia en un lapso de apenas dos años. Los comuneros acusan que el fallo responde a una red de complicidades entre autoridades agrarias y el Poder Judicial Federal.

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El 28 de enero pasado, el juez Primero de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa emitieron la sentencia, con la intervención clave de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, quien actualmente se encuentra en campaña para una elección judicial.

Desde 2011, los habitantes de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec han denunciado que un grupo de personas, valiéndose de documentos falsos y la complicidad de abogados de la Procuraduría Agraria y de un magistrado del Tribunal Unitario Agrario, consumaron un fraude procesal.

Sentencia

A través de este engaño, lograron una sentencia favorable sobre la procedencia de una acción agraria de exclusión que afecta a las 300 hectáreas de terreno de la comunidad, ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, en el Distrito de Pochutla.

Las autoridades comunales denunciaron que, con el respaldo del juez y los magistrados mencionados, Ramírez Araiza y Guzmán Olivera también obtuvieron la resolución que les permite recibir el pago de 6 mil millones de pesos.

Este fallo ha generado un fuerte rechazo por parte de la comunidad, que considera que se ha vulnerado su derecho a la tierra. A raíz de este conflicto, los comuneros han interpuesto un recurso de queja, el cual sigue pendiente de resolución.

En las tierras en disputa se encuentran importantes instalaciones para la comunidad, como dos escuelas, una casa de representación y una casa de salud, que podrían ser demolidas si la sentencia del Tribunal Agrario, emitida en mayo de 2016, se lleva a cabo.

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Ante la desconfianza en el proceso judicial, los habitantes han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para revisar el caso y evitar lo que consideran un fallo parcial y perjudicial para su comunidad.