Más de una docena de aspirantes a jueces en México son señalados por vínculos con el crimen organizado y omisiones graves, alertan organizaciones civiles
Alertan que el nuevo modelo de elección por voto popular podría poner en riesgo la imparcialidad de la justicia
Las primeras campañas electorales para elegir jueces y magistrados por voto popular en México han generado polémica. A dos semanas de su inicio, organizaciones civiles han denunciado a más de una docena de aspirantes por posibles vínculos con el narcotráfico, asesinatos y otras irregularidades, lo que pone en duda la viabilidad del nuevo modelo judicial impulsado por la reforma constitucional de 2024.
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¿Qué está pasando con las campañas para elegir jueces en México?
Desde el 30 de marzo comenzaron las campañas para que la ciudadanía elija, por primera vez, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida forma parte de una reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024.
Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como el grupo Defensorxs, han advertido que varios candidatos tienen antecedentes preocupantes. A través de la plataforma Justicia en la mira, documentaron al menos 13 perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales o negligencias graves en el ejercicio público.
¿Quiénes son algunos de los candidatos señalados?
Entre los casos más destacados se encuentra Silvia Rocío Delgado, aspirante a jueza penal local en Chihuahua. Delgado fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, con funciones de enlace directo y revisión de amparos para el líder del Cártel de Sinaloa.
Otro caso relevante es el de Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán y actual candidato a juez penal federal. Se le acusa de tener nexos con grupos criminales durante su gestión entre 2020 y 2022. Además, su nombre aparece vinculado al asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
El caso de Sonora: activistas denuncian omisiones en seguridad penitenciaria
La polémica también alcanzó a Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en el estado de Sonora. Durante su paso como director del sistema penitenciario estatal, ocurrió la muerte de Paula Josette, una joven de 23 años que falleció durante una visita conyugal irregular.
Aunque inicialmente se reportó un infarto como causa de muerte, un peritaje posterior reveló signos de violencia. Ocho exfuncionarios del penal fueron detenidos, pero el ahora candidato no ha enfrentado consecuencias directas.
El colectivo feminista Ni Una Más Hermosillo, que acompaña a la madre de Paula, Briseida Arizona Velarde, denunció las omisiones en el caso. Además, señalaron que el INE permitió su candidatura sin una revisión exhaustiva de su trayectoria.
¿Qué ha respondido el candidato y qué riesgos enfrentan las activistas?
Nicollino Cangiamilla respondió con una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), exigiendo que las integrantes del colectivo sean identificadas y dejen de difundir información sobre su gestión. Una de las activistas, que pidió mantener el anonimato, denunció que incluso han recibido documentos oficiales en sus domicilios exigiendo datos personales.
Más de 20 agrupaciones se han solidarizado con las activistas, advirtiendo que no permitirán que personas señaladas por omisiones graves lleguen a puestos clave dentro del sistema judicial.
¿Por qué preocupa esta elección y cuál es el papel del INE?
La elección del 1 de junio permitirá que cerca de 100 millones de personas voten por 881 cargos federales entre 3,422 candidaturas, incluyendo a quienes integrarán la SCJN. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido esta reforma como un paso hacia un país más democrático.
Sin embargo, organizaciones civiles y voces opositoras han advertido que este proceso abre la puerta a que actores con antecedentes cuestionables, incluyendo posibles vínculos con el crimen organizado, lleguen a impartir justicia sin una revisión profunda de sus trayectorias.
¿Qué se espera hacia el 1 de junio?
A medida que se acerca la fecha de la elección, diversos colectivos continúan exigiendo transparencia, verificación de perfiles y condiciones seguras para la participación ciudadana. El debate no solo gira en torno a la idoneidad de los candidatos, sino también al papel del INE en la validación de las candidaturas.
Las organizaciones piden que se privilegie el interés público y se garantice que las personas electas cumplan con los requisitos legales, éticos y de experiencia necesarios para administrar justicia de forma imparcial.
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