Campaña antiinmigrante en medios mexicanos costó 200 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO.- Una investigación periodística reveló que el gobierno de Estados Unidos destinó 200 millones de dólares a una campaña publicitaria contra la inmigración ilegal, la cual ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación de México y otros países, según informó El Universal.

Lo controversial fue que el contrato se otorgó sin una licitación abierta y favoreció a empresas con vínculos políticos con el Partido Republicano.

El medio de noticias Semafor, fundado por exdirectivos de BuzzFeed News, Bloomberg y The New York Times, dio a conocer que tuvo acceso a documentos que confirman el monto millonario y la forma en que fue adjudicada la campaña dirigida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

¿En qué consiste la campaña?

La campaña muestra anuncios televisivos, en internet y redes sociales, donde se advierte a los migrantes que “no intenten cruzar ilegalmente” a Estados Unidos y se les insta a usar una app del gobierno para autodeportarse. Estos mensajes, en muchos casos agresivos, han sido ampliamente difundidos en México, Centroamérica y Sudamérica, como parte de un esfuerzo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para disuadir la migración indocumentada.

¿Quién recibió el contrato?

Según Semafor y la agencia Associated Press, las empresas beneficiadas fueron:

• People Who Think, LLC, dirigida por Jay Connaughton, un asesor de medios que colaboró en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
• Safe America Media, LLC, creada en Delaware días antes del inicio del proceso, con vínculos al consultor republicano Mike McElwain.

Ambas compañías recibieron contratos millonarios, incluyendo uno por 16 millones de dólares ya entregado a Safe America Media.

¿Hubo licitación?

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que se trató de un “proceso competitivo de adquisición”. Sin embargo, los documentos revisados por AP revelan que el gobierno estadounidense se amparó en la declaratoria de emergencia nacional en la frontera, emitida por Trump, para evadir la licitación abierta, argumentando una “urgencia inusual y apremiante”.

Críticas y opacidad

Organismos civiles y expertos en transparencia han cuestionado la forma en que se adjudicó el contrato, señalando que favorece a empresas cercanas a figuras del Partido Republicano y que la justificación legal para saltarse la licitación puede sentar un precedente preocupante.