Operativo en Navolato retira cámaras de videovigilancia irregulares

Navolato, Sinaloa. — El pasado 27 de abril de 2025, en Navolato, Sinaloa, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo un operativo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en espacios públicos. La acción tuvo lugar específicamente en la comunidad de General Ángel Flores (La Palma), donde se detectaron dispositivos que no contaban con autorización oficial.

Coordinación de fuerzas federales y estatales

El operativo fue realizado por el Grupo Interinstitucional, integrado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Durante la intervención se lograron localizar y retirar cinco cámaras fijas alámbricas, las cuales se encontraban instaladas en estructuras públicas sin los permisos correspondientes.

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Retiran cámaras de videovigilancia irregulares en Culiacán

Hasta la fecha, gracias a este tipo de operativos, se han retirado 2,083 cámaras en diversas zonas del estado, como parte de una estrategia para evitar que redes ilegales de vigilancia sean utilizadas por grupos criminales para monitorear movimientos de las autoridades.

Garantizan integridad del sistema oficial

Se destacó que ninguna de las cámaras retiradas estaba conectada al sistema institucional de videovigilancia del C4i, el cual cuenta con las medidas tecnológicas necesarias para prevenir hackeos o la creación de sistemas paralelos no autorizados.

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Asimismo, las autoridades recordaron a la población que es ilegal instalar cámaras de vigilancia particulares en espacios públicos sin previa autorización. Se invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier anomalía a través del número 089 de denuncia anónima o llamando al 911 para reportar situaciones similares.

Compromiso con la seguridad ciudadana

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar la seguridad de la sociedad sinaloense y recuperar los espacios públicos, afectando así las capacidades de vigilancia de posibles organizaciones delictivas.