Aprueba INE consulta contra ex presidentes propuesta por AMLO
Entre quienes podrían ser enjuiciados se encuentran Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes y otros actores políticos fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se realizará el próximo 1 de agosto, pero con presupuesto reducido, reportó SDP Noticias.
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad la realización de la consulta popular mientras existe incertidumbre de que la Secretaría de Hacienda asigne presupuestos para que se lleve a cabo.
Lorenzo Córdova, consejero de INE, recordó que en el Proyecto de Egresos de la Federación para 2021 no se destinaron recursos para este ejercicio. Por esta razón se solicitara una ampliación de recursos ante Hacienda. Inicialmente se solicitaron mil 500 millones de pesos, pero la cifra se redujo a 890 millones de pesos. Además, el plan original era instalar 104 mil casillas, pero se planteó que se lleve a cabo con 91 mil.
Ciro Murayama, consejero del INE, definió como un reto este aspecto presupuestal.
La convocatoria para la consulta popular se lanzará el próximo 15 de julio, para realizarse el 1 de agosto. Los resultados se presentarían el 4 de agosto.
En la consulta para enjuiciar ex presidentes podrán participar 93 millones de mexicanos que integran el padrón electoral del INE.
Esta consulta popular fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y permitirá que "la ciudadanía decida enjuiciar a los ex presidentes de México". El 1 de Octubre, el Senado de la República aprobó realizar la consulta, aunque con modificaciones.
Nombres como el de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo aparecerían entre los posibles enjuiciados.
La pregunta para la consulta popular fue modificada hasta terminar de la siguiente manera: Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
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