CDMX: Ordenan captura de panista Christian Von Roehrich por presunta corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la captura del diputado local Christian Von Roehrich por su presunta participación en una supuesta red de corrupción inmobiliaria, en la Alcaldía Benito Juárez.

Debido a su impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y en particular para vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, sobre todo personas compradoras de buena fe, de inmuebles en áreas de alta plusvalía, construidos de manera irregular, les informo que, en las primeras horas de este jueves, detectives de la Policía de Investigación aprehendieron a Ismael “N”, Jose Ramón “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos de esa demarcación”, comentó el vocero de la dependencia, Ulises Lara López.

Según la Fiscalía, “los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esa demarcación, durante la administración que encabezó Christian, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juárez”.

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Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian “N” no cuenta con inmunidad procesal.

“Como se ha señalado, la Fiscalía General de Justicia ha abierto una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”, mencionaron las autoridades.

Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas, dice la denuncia.

Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.

“De acuerdo a las investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos”, comentó Lara López.

“Guardando la secrecía que requiere el debido proceso, se podría dar vista también a las autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte”, agregó.