Dictan prisión preventiva al exprocurador Jesús Murillo por caso Ayotzinapa: "se derrotó la presunción de inocencia", dijo
Esta medida cautelar fue impuesta debido a que Murillo podría sustraerse de la justicia, pues tiene los medios económicos y una red de amistades que lo harían posible.
CIUDAD DE MÉXICO.- El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se mantendrá preso en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el siguiente miércoles cuando la autoridad determine si es vinculado o no a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Ante la decisión del juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, de dictarle prisión preventiva justificada, Murillo Karam expuso: "Se derrotó la presunción de inocencia".
Esta medida cautelar impuesta por Fuerte Tapia, fue emitida debido a que Murillo podría sustraerse de la justicia, pues gracias a los cargos que ocupó, tiene los medios económicos y una red de amistades que lo harían posible.
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Anteriormente, el exprocurador, acusado de usar los instrumentos del Estado para crear su verdad histórica referente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decidió apegarse a la ampliación del término constitucional, por lo que su situación jurídica se decidirá el próximo miércoles.
En la audiencia que se realizó por varias horas en el Reclusorio Norte, el exfiscal en el sexenio de Enrique Peña Nieto respondió al juez que necesitaba tiempo para presentar documentos que posee para revertir las acusaciones en su contra.
Fiscalía solicita la medida cautelar
La Fiscalía General de la República solicitó prisión preventiva oficiosa contra Murillo Karam, pues argumentó ante el juez que tiene medios para sustraerse de la justicia, ya que posee cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, y una riqueza valuada en 85 millones de pesos, así como amistades importantes en la FGR.
Durante la audiencia, los fiscales del caso, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, acusaron al exprocurador general de la República de utilizar la fuerza del Estado para fabricar la verdad histórica de los hechos ocurridos hace ya casi ocho años en Iguala.
Los fiscales basaron sus dichos en informes de organizaciones de derechos humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como en que varios de los detenidos, entre ellos los cuatro integrantes de Guerreros Unidos que fueron torturados para generar una versión de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los fiscales acusan también que Jesús Murillo Karam ordenó al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de alterar la escena de los hechos en el río San Juan, en Cocula.
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