Esposo de Inés Gómez Mont espiaba celulares de michoacanos con apoyo de Silvano Aureoles, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, tuvo negocios con el ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, sobre temas de espionaje, reveló el periodista Salvador García Soto.

De acuerdo a Soto, "la red de contratos y corrupción del empresario chiapaneco, hoy prófugo de la justicia, tocó al gobierno michoacano, donde ofreció instalar y operar un sistema de espionaje".

Por ello cobró 132 millones de dólares en cinco años de duración del contrato (cerca de 2 mil 700 millones de pesos) ahí monitoreaba y seguía a direcciones IP y teléfonos celulares.

La empresa se llamaba Integra Software y cada mes, desde marzo de 2017 a abril de 2021, Aureoles pagaba a esa compañía 2.5 mdd de pago mensual por sus servicios de “monitoreo y seguimiento” a las direcciones IP de todos los michoacanos.

"Fueron 51 meses de contrato y el primer pago fue de 7 mdd, lo que en total representó un gasto de 132 millones de dólares que pagó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán durante los cinco años que duró la vigencia del contrato", señaló Soto.

Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados por lavado de dinero

La conductora Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga ya son rastreados en más de 190 países con la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) al convertirse en prófugos de la justicia mexicana.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la demoninada Ficha Roja, con la que recibirán ayuda de diversas naciones para buscar a la artista y el abogado luego de ser acusados de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

¿Por qué los buscan?

Inés y Víctor Manuel son señalados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por una cantidad de casi mil millones de pesos; además de defraudación fiscal relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

El proceso legal fue presentado ante un juez, mismo que libró la orden de captura en México. En caso de ser detenidos, serían encarcelados en una prisión federal. Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ella, en la prisión federal femenil que se localiza en Morelos.