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FGJ y SSC reciben 140 denuncias por uso excesivo de fuerza a usuarios del Metro

La CDHCM ha detectado que en la mayoría de los casos, existe una escasez de información documental disponible para llevar a cabo sus investigaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó este miércoles de la apertura de 140 expedientes relacionados con denuncias contra Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Estas quejas se centran en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tanto en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como en cateos y arrestos por posesión de drogas en flagrancia.

De acuerdo con Juan Carlos Arjona, primer visitador general, se han identificado tres problemas recurrentes entre estos expedientes. El primero involucra detenciones en el Metro, mayormente presentadas por comerciantes. El segundo gira en torno a arrestos relacionados con delitos de narcomenudeo en flagrancia, mientras que el tercero se refiere a cateos ilegales.

La comisión ha detectado que en la mayoría de los casos, existe una escasez de información documental disponible para llevar a cabo sus investigaciones. Esto se debe a que el único recurso con el que cuentan son los reportes policiales proporcionados por los primeros agentes que responden a la situación.

Arjona mencionó que en aproximadamente el 10% de estos casos, los informes policiales no concuerdan con lo que sucedió durante la detención, ni con lo que se registra en los videos proporcionados.

En alrededor de 70 expedientes, los responsables de las detenciones son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), principalmente en acciones de cateo, lo que motiva a las víctimas a dirigir sus quejas a estas instituciones.

En relación a las detenciones por narcomenudeo en flagrancia, la CDHCM ha observado que la Fiscalía busca enjuiciar a los detenidos y argumenta la falta de arraigo en la ciudad para justificar su permanencia en prisión preventiva. Esto ocurre a pesar de que algunas personas han argumentado tener un domicilio fijo en el Estado de México.

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