Inés Gómez-Mont y su esposo se "llevarían de corbata" a Osorio-Chong, Santiago Creel y más políticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se "llevarían de corbata" a Osorio-Chong, Santiago Creel y más políticos, pues podrían estar relacionados con las actividades y acusaciones de lavado de dinero por las que se emitió una orden de aprehensión en contra de la pareja.

Víctor y Alejandro, los hermanos Álvarez Puga, comparten una consultora financiera multimillonaria gracias a la que viajan en jets privados, poseen propiedades en Nueva York y "se jactan de tener clientes de todo el mundo", publicó la periodista Karla Zabludovsky en The New York Times.

En el texto de Zabludovsky, con fecha de febrero de 2012, reportó que la firma de los Álvarez Puga, dedicada a brindar servicios administrativos y asesoría fiscal a una larga lista de empresas ampliamente reconocidas, era investigada por sospechas de utilizar un sofisticado esquema para evadir impuestos y participar en otras prácticas fraudulentas.

Osorio Chong, Santiago Creel y otros políticos en caso Ines Gómez Mont

La FGR acusó a Inés Gómez Mont y su esposo de presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado (lavado de dinero), razones por las que un juez giró orden de aprehensión en su contra el pasado 10 de septiembre y además solicitó que la Interpol emitiera ficha roja por ambos.

Inés Goméz Mont es sobrina de de Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, y de Miguel Gómez-Mont, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur) durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo cual tuvo cercanía en el mundo de la política .

La pareja está acusada de beneficiarse un millonario desvío de recursos que asciende a casi 3 mil millones de pesos entre agosto y octubre de 2016, para comprar un programa de interconexión de siete penales federales. La FGR investiga el origen de los recursos y apunta a la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasmas.

Otro personaje político que ha sido relacionado con la empresa es Santiago Creel, ex titular de Segob, que buscó la nominación a la Presidencia con PAN, quien aparentemente fungió como prominente director de la firma, reportó el NYT.

También Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas, quien actualmente se encuentra en prisión acusado de aceptar 1.5 millones de dólares en dinero ilícito para dirigir negocios a la firma Álvarez Puga & Asociados, según el Gobierno del estado de Chiapas.

Además, Álvarez Puga, pareja de Inés Gómez-Mont es allegado a Juan Collado, abogado de ex presidentes como Enrique Peña Nieto, a quien divorció de la actriz Angélica Rivera; Carlos Salinas de Gortari y personajes como Carlos Romero Deschamps, ex líder sindical de Pemex o Diego Fernández de Cevallos.

Collado, pareja de la actriz Yadhira Carrillo, está detenido desde julio de 2019 en el Reclusorio Norte.

¿Cómo se realizó el desvío millonario en el que se involucra a Inés Gomez Mont y su esposo?

Entre muchas otras cuestiones, las autoridades habrían detectado que la empresa fachada que ganó la licitación para la supuesta construcción de los penales, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como “factureras”.

A su vez, ésta triangularon el dinero público a otras tres “factureras”, con el fin de lavar dinero mediante mil 446 operaciones antes mencionadas y generar facturas que comprobaban los presuntos gastos del dinero, y se sospecha que en algunas de esas empresas está detrás Gómez Mont y su marido.

En la “lista negra” del SAT aparece una persona física que se presume tenía en su nómina de empleados a Víctor Manuel Álvarez Puga, al que le habría pagado 1 millón 376 mil pesos, como parte de su sueldo.

Acusaciones de factureras y empresas fantasma contra esposo de Gómez-Mont

La firma del esposo de Gómez-Mont es señalada de crear empresas fantasma para para hacerse cargo de la obligaciones laborales y de nómina de sus clientes, de acuerdo con los textos de Karla Zabludovsky. Esas compañías fachadas eran dirigidas por camareros u otros empleados de "bajo rango" a quienes pedía que firmaran montones de cheques en blanco.

También se habría detectado manipulación de entregables y presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.

Entre las irregularidades que sobresalieron es que la empresa que ganó la licitación de los 290 mil 950 millones de pesos, no tenía activos, infraestructura ni personal trabajando, y su domicilio fiscal correspondía a una empresa pequeña situada en Morelia, Michoacán.

Carta de Santiago Creel