Juez otorga a Samuel García una suspensión definitiva en contra de juicio político promovido por bandacas del PRI y PAN del Congreso de Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León.- El juez octavo de distrito en materia administrativa en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, una suspensión definitiva en contra del juicio político promovido en su contra por las bancadas del PAN y el PRI en el Congreso Local.

Asimismo, el amparo concedido por el juez deja sin efecto una reforma Constitucional con la que el Congreso pretendía quitarle facultades al Ejecutivo para designar funcionarios de su gabinete y su derecho a vetar propuestas del Poder Legislativo para la designación del Fiscal General de Justicia en el Estado.

Según el amparo indirecto 407/2023/-1, dichas reformas no serían aplicables al actual gobernador, sino a quien resulte electo en 2027, pues serían contrarias al artículo 14 de la Constitución General de la República que establece: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, y las modificaciones se llevaron a cabo con posterioridad al día en que García Sepúlveda asumió la gubernatura el cuatro de octubre de 2021.

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Se concede la suspensión definitiva que solicita Samuel Alejandro García Sepúlveda en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 407/2023-1”, resolvió el juez Gutiérrez Pérez, quien había sido cuestionado por diputados federales del PAN y PRI, de conceder “amparos a modo” a García Sepúlveda.

El mismo juzgador había sido criticado por líderes de Morena, ya que dejó sin efecto una orden de aprehensión contra el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

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Algunas facultades que con reformas a 27 artículos de la Constitución de Nuevo León pretendían quitar al Ejecutivo estatal las bancadas mayoritarias del PAN y PRI son, entre otras, las de vetar propuestas para designación de Fiscal General, refrendo y publicación de leyes (ante quejas porque el mandatario no publicaba decretos aprobados por el Congreso, para evitar que entraran en vigor), al tiempo que se otorgaba al Congreso la facultad de ratificar los nombramientos de funcionarios estatales, que eran facultad exclusiva del gobernador.