"Los quiero desaforadamente": Por qué quisieron desaforar a AMLO y por qué Vicente Fox dio marcha atrás

CIUDAD DE MÉXICO.-El día 7 de abril del 2021 se cumplieron 16 años del intento de desafuero del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Me van a desaforar, me van a encarcelar, y me van a despojar de mis derechos políticos, por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital", comentó en su discurso.

El 1 de julio del 2000, Vicente Fox venció por primera vez al PRI en la contienda presidencial. A la par, Andrés Manuel López Obrador se llevó los comicios en el aún Distrito Federal.

Fox, quien fue gobernador de Guanajuato previamente, llegó a la silla presidencial por el PAN. AMLO, como ya se le conocía, hizo lo propio con el PRD.

El PAN ni ningún otro partido había ganado antes una elección presidencial. El PRD se afianzó en la Ciudad de México como la fuerza política de contrapeso.

López Obrador afrontó impugnaciones a su candidatura desde que se vislumbró como el elegido para contender porla jefatura de Gobierno. Santiago Creel, quien era el candidato panista por el mismo puesto, aseguraba que Obrador no reunía el tiempo suficiente de vivir en la capital del país para contender, pues era originario de Tabasco.

Sin embargo, AMLO pudo comprobar su residencia mínima para participar.

Desde ese momento se supo que vivía en Copilco -lugar en donde residió varios años con sus hijos-, que se transportaba en un famoso Tsuru blanco y que realizaría conferencias matutinas desde muy temprano en el Palacio de Gobierno.

Dichas acciones le dieron reflectores a Obrador, lo que llamó la atención de la Presidencia.

AMLO comenzó a implementar programas sociales para los adultos mayores y las madres solteras, lo que le dio popularidad en esos sectores. Fue el impulsos de las pensiones y becas.

Los entonces presidente y jefe de Gobierno coincidían en varios eventos, pero su relación siempre fue distante.

EL DESAFUERO

Para el 2005, la Procuraduría General de la República, a cargo de Rafael Macedo de la Concha, judicializó el caso de El Encino, un terreno en el que el gobierno del Distrito Federal violó una orden para construir un camino a un hospital. Para que López Obrador pudiera enfrentar el proceso, la Cámara de Diputados aprobó desaforar, por 360 votos a favor -en su mayoría de piriistas y panistas- al jefe de Gobierno.

Pero del desafuero, AMLO salió mejor librado para las campañas electorales.

Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal desde 2000, López Obrador tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario); es decir, no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo.

El gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

El tema levantó polémicas en la opinión pública. Una mayoría significativa consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la presidencia de la república en 2006, ya que, aún si se lo declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo. El gobierno federal, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

CRONOLOGÍA

El 9 de noviembre de 2000, Rosario Robles, su antecesora, expropió una parte de un terreno más grande llamada El Encino, en Santa Fe, Cuajimalpa, para construir una vía de acceso para un hospital privado. El 11 de marzo de 2001, el propietario del terreno demandó al Distrito Federal sobre la base de expropiación incorrecta y promovió un amparo para evitarla. Le concedieron una orden judicial federal que salvo la construcción adicional hasta que el asunto fuera aclarado definitivamente. Según los querellantes, López Obrador desobedeció con conocimiento esta orden varias veces.

En el año 2004 el gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

En enero de 2005, se evidenció la intención de López Obrador de postularse para presidente. Mientras tanto, el Procurador General de la República envía el caso al congreso para la evaluación. En marzo el gobierno federal inició los medios de campaña contra López Obrador.

El 1 de abril de 2005 un subcomité de cuatro diputados permitió el voto del desafuero completo en la cámara de diputados, lo que se ejecutó seis días más tarde. Después de una larga sesión en la cual López Obrador acusó a Fox de estar detrás del proceso, la cámara de diputados votó para quitarle el fuero por 360 a 127 (con dos abstenciones), con el PRI y el PAN a favor del desafuero y el PRD, partido de López Obrador, unánimemente en contra de la resolución. A la sesión solo fueron 488 de los 500 diputados, aunque al parecer uno llegó demasiado tarde para votar.

Después del voto de los diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (el cuerpo legislativo local) debía votar sobre el desafuero. Sin embargo, los diputados federales discutieron que el congreso fuese el cuerpo apropiado para considerar dicho proceso. El Tribunal Supremo acordó considerar ambas súplicas, permitiendo que López Obrador siguiera siendo jefe de gobierno mientras continuaba el proceso. Las editoriales de las revistas Times, Times de Los Ángeles, el Chicago Tribune y The Financial Times consideraban el desafuero como una mala decisión. A pesar de ello, el 8 de abril de 2005 (un día después), Obrador abandonó su oficina. El gobierno local fue dirigido temporalmente por la secretaría de López Obrador del gobierno Alejandro Encinas.

El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2000 pesos (unos 180 dólares). Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de López Obrador, por dos diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa (Gabriela Cuevas y Jorge Lara) . En conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera "la víctima", López Obrador llamo la fianza un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque vino de las manos de los que promovieron el desafuero.

Este hecho fue denunciado por el grupo del PRD en la ALDF como una maniobra política para inutilizar la capacidad de defensa del inculpado. Al pagar la fianza por un delito donde no había un detenido consignado o remitido al MPF, se impedía al acusado ser partícipe y testigo de la consignación del expediente y se le dejaba sin posibilidad de enfrentar personalmente el proceso penal, lo que lo descartaba como aspirante a la presidencia de la República. La fianza fue posteriormente cancelada por el juez que llevaba el caso con argumentos técnicos.

El 24 de abril hubo una reunión en apoyo de López Obrador en el Zócalo en Ciudad de México. Las fuentes de Ciudad de México citaron una atención que excedía a un millón personas. Las fuentes del gobierno federal calculaban una atención en los “centenares de millares”. Sus críticos dijeron que esta promoción fue pagada con los fondos del gobierno, incluyendo la producción de carteles con frases tales como “no al desafuero de AMLO” o “no al Golpe de Estado”. También coordinó los movimientos políticos de los pueblos en México y en el exterior. Sus partidarios dijeron que la promoción era espontánea, y totalmente independiente del gobierno local, a partir de entonces López Obrador comenzó una campaña que denominó de "resistencia civil" contra su posible marginación de la elección presidencial. Declarando que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear su candidatura, en días posteriores continuaron las masivas movilizaciones en su apoyo en una de ellas llegando a declarar;

Los últimos acontecimientos están reafirmando lo que sostuvimos desde el principio, que el asunto con que se fueron no es de naturaleza jurídica sino política; inhabilitarme políticamente para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006, por esa razón, mucha gente que no milita en mi partido el PRD, se manifiestan abiertamente contra un retroceso democrático, y a nuestros adversarios les produce un miedo irracional que podamos llevar a la práctica un proyecto alternativo de nación… y finalizando; Los quiero desaforadamente".

Tres días después Fox anunció cambios en su gabinete (por dimisión incluyendo al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha) y una nueva evaluación del caso legal en contra de López Obrador, proponiendo una enmienda constitucional por las que los derechos civiles no se suspenden hasta que encuentren a un ciudadano culpable.

En febrero de 2006, estos cambios no habían pasado a congreso. Designaron a un nuevo Procurador General de la República, cuya oficina el 4 de mayo de 2005 anunció que descartaba los cargos contra López Obrador por un tecnicismo.

Resumiendo, declaró que él era culpable pero solamente como jefe de gobierno. La ley tenía solamente previsiones para los gobernadores o el presidente municipal. López Obrador no era ni uno ni otro. Por lo tanto, la fraseología del artículo relevante hacía confuso establecer si existía una pena para su delito. El aviso fue refutado por los expertos del derecho penal, afirmando que había precedentes legales de una pena clara. Por otra parte, demandaron que el Procurador General de la República no puede declarar culpabilidad ni inocencia, y menos interpretar la ley. De tal modo, el Procurador General de la República no podría archivar los cargos debido a la naturaleza de la ofensa, de modo que el proceso siguió adelante.

En enero de 2006, Marisela Morales, funcionaria del Procurador General de la República directamente a cargo del caso desde el principio, dejó su puesto en la unidad responsable de procesar los crímenes confiados por los oficiales del gobierno. Por su salida, sustituyeron a todos los funcionarios de alto nivel a cargo del caso, pero la oficina del Procurador General de la República indicó, poco después del discurso de Azuela en diciembre, que los cargos contra López Obrador seguían estando pendientes.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el presidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

DISCURSO DE AMLO EN EL DESAFUERO

Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, Pueblo de México:

Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra.

Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Sólo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie.

Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio ?El Encino?. Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber.

A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan como pueden ustedes constatarlo en el expediente, plateándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido. Nadie de los servidores públicos del gobierno declaró en mi contra.

El Juez Administrativo no se tomó la molestia de presentarse en ?El Encino? para verificar si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios. Es decir, el Juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados y con estas pruebas ilegales se me acusa.

Es más: el supuesto dueño de ?El Encino? primero reclamaba una propiedad de cien mil metros cuadrados; luego presentó una escritura ante el Ministerio Público de 86 mil metros cuadrados. Y en el Registro Público de la Propiedad aparece que sólo posee 83 mil metros cuadrados, y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad. Pero esto no se nos aceptó como prueba, porque en la Sección Instructora se opuso a realizar un deslinde del terreno.

El expediente está plagado de falsedades. Me acusan, simple y llanamente, por ser el superior jerárquico del Gobierno del Distrito Federal.

Por último, les preguntaría a ustedes: ¿dónde está el dolo y la mala fe, si el camino no se construyó?, y aquí quiero aclarar algo, tres veces el licenciado Memije habló de que en 11 meses se incumplió la decisión del juez, es decir 11 meses llevó la violación al amparo.

Estamos hablando de 200 metros, si hubiese dolo, mala fe, abuso de autoridad, ¿ustedes creen que en 11 meses no hubiésemos terminado de hacer el camino?, no fue así. Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar al Hospital ABC y ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato.

El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud.

Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria.

Atendamos lo evidente: diputadas y diputados, hay en México, hoy, se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la Ciudad de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional.

Este es el fondo del asunto. Por eso, y por ninguna otra causa, nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos, con miras a las elecciones del 2006.

Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan, mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista.

Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales.

Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra.

Son los que, al mismo tiempo, consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos que es, también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad.

Son los que manejan el truco de llamar ?populismo? o ?paternalismo? a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran ?fomento? o ?rescate? a lo demasiado que se le entrega a minorías rapaces.

Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas.

Son los que han triplicado en veinte años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos, que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo.

Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y a los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores. Que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé por favor una limosna.

Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias.

Son los que han convertido al país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia.

Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza.

Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad.

Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado.

Por eso utilizan al ciudadano Presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad.

Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O?Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano Presidente, palabras más, palabras menos: ?Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia?.

Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al Presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos.

Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia.

Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República.

Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.

Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el Ciudadano Presidente para tratar este asunto olvidándose que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino el de proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso.

Es más, dos días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde, por anticipado, se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna haciéndose pasar por jueces.

Claro está, y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación, hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre: todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad.

Lo cierto es que estos personajes no sólo están envileciendo a las instituciones sino haciendo el ridículo.

Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito: por intentar abrir una calle para comunicar un hospital.

Ahora resulta que los Defensores del Derecho Supremo del Privilegio han convertido en un ?grave delito?, una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal.

¿Ése es el Estado de Derecho que pregonan?, ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte?.

¿De cuál Estado de Derecho hablamos si sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia?, ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal?

¡No señoras y señores!

Eso no es Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el Derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser; el Derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el del poder por encima de todo; el Derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el Derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo.

Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos.

Por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco I. Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial inventándole cargos y conduciéndolo, finalmente, a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la Convención Antirreeleccionista se le había acusado de invadir un predio ajeno para robarse una carga de guayule.

Cuando este cargo fracasó, por ridículo e infundado, se le acusó siendo ya candidato a la Presidencia de la República de proteger de la policía al orador Roque Estrada quien había pronunciado un supuesto ?discurso injurioso? en contra de las autoridades. De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey y trasladado a la cárcel de San Luis Potosí en donde radicaban los cargos.

Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: ? Efectivamente, es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de manera increíble. Por estas circunstancias no me aflige mi prisión, pues aquí descansando, creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa.

También, cuando se obtuvieron con engaños las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos que a eso equivalió aceptar sus renuncias y de prestarse a la farsa de legalizar, siempre preocupados porque todo sea legal, un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo suficiente para que el tal Pedro Lascuráin nombrara como Secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunciara convirtiendo a El Chacal en Presidente de la República.

Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida y que no se tome como un insulto, porque la verdad no es injuria: el bisabuelo de Santiago Creel, Enrique Creel, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz y su abuelo, Luis R. Creel, fue huertista y participó en La Decena Trágica.

También, para quienes padecen amnesia, para los que creen que la política sólo consiste en una enciclopedia del conocimiento de las mañas y el golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada ante la amenaza de desafuero de Carlos A. Madrazo Becerra.

En ese entonces, el pretexto fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros cuando en el fondo se trataba de una venganza política porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que luego de ser encarcelado por cerca de nueve meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la Presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad.

También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México; por quienes ofrecieron un cambio y mintieron; por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, ésa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo.

Lamento que el voto útil se haya convertido en voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado gobierno del cambio y no se haya logrado nada, absolutamente nada habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas.

Pero no hay mal que por bien no venga; hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe para saber con claridad a qué atenernos.

Diputadas y diputados:

Como deben suponer estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia.

Les repito: no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque sencillamente no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia.

Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas. Nada, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República, podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios.

No soy un ambicioso vulgar. No llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica.

Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares.

Claro está que otros diputados, los menos desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro.

Pero los que van a votar en mi contra y los que se abstendrán, pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado una especie de desafuero patriótico porque todavía la conducta de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente.

Estoy seguro que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos, o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir, creo que es la diputada Rebeca Godínez, llegó a decir -abro comillas- ?¡Con esto empieza el Estado de Derecho en México!?

Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal.

Repito: ¿de cuándo a acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho?

Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.

¡Viva la dignidad!

¡Viva México!

México, Distrito Federal, a 7 de abril de 2005