Morena pide correctivo contra Samuel García por "adopción temporal"
Hernández Rivera señaló que "en Morena reprobamos la vulneración a las infancias que realizan el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez".
MONTERREY.- Morena Nuevo León, por conducto de Viridiana Lorelei Hernández Rivera, delegada en funciones de presidenta estatal, demandó la intervención del DIF nacional y la aplicación de correctivos al gobernador Samuel García y a su esposa, ante las situaciones irregulares en las que incurrieron en el DIF Capullos de esta entidad, por la sustracción de un menor en "adopción temporal" por dos días.
Hernández Rivera reprobó la vulneración de derechos a la intimidad y a la protección de datos personales del infante que el reciente fin de semana fue tomado "en adopción temporal" mediante un "permiso de convivencia" por dos días, por el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, coordinadora de la unidad administrativa "Amar a Nuevo León".
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La dirigente de Morena en la entidad, fijó su postura sobre el caso a través de un boletín de prensa, mediante el cual cuestionó la irregularidad cometida por la pareja gubernamental, "con fines meramente mediáticos para sumar adeptos, al usar a un bebé para ganar likes" en sus redes sociales, lo cual, aseveró, "es de lo más bajo que se ha presentado en la política".
Derechos vulnerados
Hernández Rivera señaló que "en Morena reprobamos la vulneración a las infancias que realizan el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez", ante lo que consideró urgente la intervención del DIF Nacional sobre la situación existente en el Centro DIF Capullos de Nuevo León e imponer correctivos a este tipo de situaciones irregulares".
Por lo pronto, mencionó, dicho organismo federal declaró que Samuel García y Mariana Rodríguez vulneraron los derechos e intimidad de un menor.
Incluso, dijo Hernández Rivera, se requirió a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño.
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