Multa de casi medio mdp de Samuel García es revocada por el Tribunal Electoral
La multa le fue impuesta por triangulación de recursos y aportaciones indebidas llevadas a cabo por su familia a Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral 2021.
NUEVO LEÓN.- La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó por mayoría la revocación de la multa de 448 mil 100 pesos impuesta a Samuel García, gobernador de Nuevo León, por triangulación de recursos y aportaciones indebidas llevadas a cabo por su familia a Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral 2021.
En su proyecto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera propuso dejar sin responsabilidad a Samuel García por el financiamiento ilegal a su campaña, tras indicar que el manejo de recursos es responsabilidad del partido.
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El Consejo General del INE sancionó al mandatario de Nuevo León en abril, ante su responsabilidad en la triangulación de 14.2 millones de pesos aportados por su familia a Movimiento Ciudadano.
“Un hecho firme que ya no es objeto de estudio"
La Sala Superior estableció en sesión pública que "no demostró de manera efectiva y con base en los elementos probatorios, cómo los hechos investigados actualizaban la responsabilidad del ciudadano".
En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora dijo que el acuerdo del Consejo General del INE respondía a una resolución de la Sala Superior para que el órgano electoral determinara si Samuel García era responsable o no de la comisión de alguna irregularidad.
Esta precisión resulta relevante, que ya pone en evidencia que si bien ha existido una cadena impugnativa respecto de la triangulación de recursos provenientes de personas morales, que a través de personas físicas fueron aportados al partido, ese esquema de simulación es un hecho firme que ya no es objeto de estudio", subrayó.
Por ello, consideró que la responsabilidad de Samuel García se acredita por el hecho firme de que su campaña a la gubernatura se benefició de un monto de dinero proveniente de un esquema de simulación que él conocía y que estaba en condiciones de rechazar desde el momento en que el partido político transfirió los recursos a su campaña, ya que existían elementos para conocer que provenían de sus familiares.
El proyecto fue aprobado por cinco votos, con el sufragio en contra de la magistrada Janine Otálora.
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