Nueva evidencia indica que Segob de Peña Nieto espió activistas a solicitud de la industria de alimentos chatarra: Sin Embargo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes la periodista Dulce Olvera dio a conocer que la industria de comida procesada y ultraprocesada, corresponsable de las consecuencias de la epidemia por Covid-19, de acuerdo a la Secretaría de Salud (Ssa), utilizó la estructura de la administración de Enrique Peña Nieto para "espiar a los activistas que impulsaron el aumento al impuesto a bebidas azucaradas y el etiquetado" frontal que entrará en vigor el 1 de octubre del 2020.

Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dicho etiquetado podría prevenir 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años.

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En un Informe Técnico Diario, la dependencia sanitaria federal precisó que el 67% de las personas fallecidas de las casi 50 mil por el virus SARS-CoV-2 en México padecían diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad cardiovascular, comorbilidades asociadas a la mala alimentación y falta de ejercicio. Asimismo, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de la Ssa, ha señalado la corresponsabilidad de la referida industria en la estrategia contra la pandemia, ya que el país es uno de los primeros a nivel internacional en consumo de refrescos.

Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto, a solicitud de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC, concluyó que en julio de 2016, Simón Barquera, investigador del INSP, Luis Encarnación, entonces coordinador de ContraPESO y Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, en sus móviles recibieron mensajes de texo con el malware espía "Pegasus", vendido por la compañía de Israel NSO Group a gobiernos de todo el mundo, como en el caso de México.

No obstante, R3D le indicó a la reportera que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha informado de ningún avance en las indagatorias. La antigua Procuraduría General de la República (PGR) notificó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que existe un convenio de 2014 para la compra del malware, además de que la FGR anunció que se suscribieron otros contratos en 2016 y 2017 para renovar la licencia del software de esa empresa.

El 8 de julio de 2016 Calvillo, un activista que por años ha cuestionado a la industria de comida chatarra por sus efectos nocivos a la sanidad, recibió un SMS notificándole que el padre de un amigo acababa de morir, con un enlace. Dos días después recibió otro, sobre una supuesta alusión a su persona en el semanario Proceso que se volvía viral. 

En entrevista para Sin Embargo, expuso “No nos quedaba duda de que un grupo dentro del Gobierno mexicano estaba actuando a favor de las empresas”.

Aunque desde abril de 2016 el activista tenía conocimiento de que podría ser blanco de espionaje por parte del Estado Mexicano y de los conglomerados alimenticios. Refiere que sumado a una asesoría de SocialTIC sobre ciberseguridad, "le informaron que en una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se encontraban funcionarios de otras dependencias y de una agencia de relaciones públicas, se habló de la intención de introducir a la oficina de El Poder del Consumidor a estudiantes del Colegio de México para obtener información interna. Los intentos de los universitarios para infiltrarse se documentaron a través de correos electrónicos enviados a la organización civil. Una de las personas presentes en esa reunión confirmó a SinEmbargo que ocurrió para esos fines", se lee en el artículo.

A comienzos de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos en Segob, Roberto Campa Cifrián asumió la dirección de Asuntos Corporativos de FEMSA, la embotelladora de productos Coca-Cola, que López-Gatell describe como "veneno embotellado”

En consecuencia, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) rechazó que se busque solo culpables de la obesidad “con interpretación sesgada”. 

Calvillo indicó:

A nosotros nos llegó el pitazo de que querían entrar a nuestras oficinas ofreciendo servicio social. Detrás del espionaje había una liga entre grupos del gobierno de la Segob y la industria”.

Comunicación Corporativa de FEMSA negó a Sin Embargo categóricamene "la participación de la empresa en los hechos aludidos.  Cualquier dicho en ese sentido se trataría de una aseveración sin fundamento”.

INTENTO DE INFILTRACIÓN

Posterior a la reunión de la Segob, el 7 de mayo de 2016, el Poder del Consumidor comenzó a recibir solicitudes inusuales sobre peticiones de servicio social. "Un alumno de El Colegio de México (Colmex) pidió colaborar en la organización y solicitó que se le informara sobre los eventos que realizaría la asociación civil, documentó la organización con un correo electrónico al que SinEmbargo tuvo acceso", escribe Olvera.

Cabe destacar, que en los diez años de labores la asociación civil nunca habían recibido ese tipo de solicitudes de estudiantes de esa institución. En julio iniciaron los primeros mensajes al teléfono de Calvillo, con los links. Cuando se accede a estos, un programa se instala sin el conocimiento del usuario, para dar acceso a los atacantes a todo archivo almacenado en el dispositivo, aunado al uso de la cámara, micrófono, GPS, entre otros.

El 12 de julio de 2016, un día después de que el director de Poder del Consumidor recibió el segundo SMS con Pegasus, le contesto al integrante del Colmex "que aceptaban su solicitud para realizar el servicio social como asistente en la dirección de la organización. Calvillo tenía la intención de entrevistarlo a fondo. Pero, consideró, la propuesta de ser asistente directamente del director intimidó al estudiante y el joven le respondió que ya estaba en otra asociación civil", precisa la comunicadora. Aunado a otras peticiones del mismo alumno.

Cuatro meses posteriores al primer intento de ser parte de la organización, el joven se presentó a un evento en la Cámara Alta, en la proyección del documental “Dulce Agonía” de El Poder del Consumidor, acompañado de un foro sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. "El estudiante se acercó al activista y le reiteró poder realizar su servicio social en la asociación. El evento, le llamó la atención a Calvillo, no fue anunciado públicamente por lo que no se explicaba la presencia del universitario. Solo se había enviado la invitación a prensa y a senadores", narra Olvera.

En el informe “Destapa la vigilancia: promotores del impuesto al refresco, espiados con malware gubernamental” (2016) R3D denunció que la vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos “es inaceptable y agravia a toda la sociedad”. Debido a que sería particularmente “insultante” que las capacidades del Estado se pongan al servicio de la industria para agredir a aquellos que desde el propio Estado y desde la sociedad civil trabajan en favor de la salud de las y los ciudadanos del país, afirmó la Red.

Con información de Sin Embargo