ONU-DH expresa preocupación por actos de "vigilancia ilícita” contra defensores de derechos humanos y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su profunda preocupación por los actos de "vigilancia ilícita" dados a conocer recientemente por la filtración de documentos de la Sedena o a través de una denuncia por el uso de un software, adquirido por el Gobierno mexicano, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

Además, destacaron que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

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Llamado a las autoridades

Ante esto, mencionaron que corresponde a las autoridades hacer efectiva su obligación de promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad.

En este contexto, es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.

Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley y responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, legitimidad, transparencia, debida autorización y mecanismos civiles y judiciales de control y rendición de cuentas, incluida la posibilidad de presentar denuncias a una institución independiente y obtener una reparación efectiva.

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Ante las informaciones hechas públicas, la ONU-DH instó a las autoridades mexicanas a cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria, en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implementar medidas de protección hacia las víctimas de estos actos y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron, así como a llevar a cabo una investigación diligente e imparcial.

Igualmente, la ONU-DH alienta a las autoridades a presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en el año 2017, respecto de actos de vigilancia ilícita similares a los ahora denunciados.

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