Plan B de la Reforma Electoral: esto es lo que plantea la propuesta de AMLO
Con este nuevo proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador planeaba garantizar el voto de personas en prisión preventiva y otros puntos relacionados.
MÉXICO.- Hoy fue discutido en el pleno de la Cámara de Diputados el Plan B de la reforma electoral, la cual había sido propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este proyecto, mismo que fue entregado hoy por Adán Augusto López, secretario de Gobernación, propone que se deberá garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, así como el de las personas con discapacidad en estado de postración.
Otra de las ventajas que promete dicha propuesta es el facilitarles el ejercicio del voto a los mexicanos que residen en el extranjero, por medio de internet, y la presentación de pasaporte o matrícula consular.
Propone también el garantizar la paridad de género en las elecciones de órganos colegiados y unipersonales, buscando así respetar el principio de autodeterminación de los partidos políticos.
Además, establece que los consejeros del INE y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan un salario inferior al del Presidente de la República.
Propone austeridad republicana
Modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos; elimina dos Salas Regionales que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
Prohíbe a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que pide la Constitución.
Establece como criterio para aplicación de gasto público en propaganda gubernamental y cualquier otra forma de comunicación social, a la austeridad republicana, entre otras disposiciones.
El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); la Ley General de Comunicación Social; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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