Publican reforma a Leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas: Plan B
El decreto que reforma ambas leyes establece que las personas servidoras públicas tienen el derecho de manifestar su libertad de expresión sin ser considerada Propaganda gubernamental.
CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente fue aprobado el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que entre otras muchas cosas se contemplan modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En este sentido, el gobierno de la República publicó este martes el Decreto que reforma ambas leyes y que establece que "no constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.
Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita".
Queda prohibida la promoción de mensajes discriminatorios hacia servidores públicos
Además, se estipula que los criterios para aplicación de gasto público en Propaganda gubernamental se apegarán a la Austeridad Republicana, con medidas que los Entes Públicos están obligados a acatar de conformidad con el orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y administrar los recursos con "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".
El Decreto puntualiza que los Entes Públicos "no podrán reclasificar el gasto público en materia de Comunicación Social de una manera distinta a la aprobada en el presupuesto de egresos respectivo, salvo los casos que sean autorizados por las autoridades correspondientes".
Queda prohibido difundir Campañas de Comunicación Social cuyo contenido tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier persona servidora pública; incluya mensajes discriminatorios, estigmatizantes, sexistas o contrarios a los valores, principios constitucionales y derechos humanos; incite de forma directa o indirecta, al odio, la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico; induzca a la confusión utilizando los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.
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