Reforma electoral: ¿Qué contempla el Plan B, aprobado sin discusión por la Comisión de Gobernación?

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 12 de diciembre se aprobó en la Comisión de Gobernación el llamado "Plan B" de la reforma electoral, que el presidente Andrés Manuel López Obrador preparó tras el desecho del dictamen de la reforma constitucional en la misma materia.

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Se conoce que el Plan B establece que deberá garantizarse el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, y el de las personas con discapacidad en estado de postración.

Asimismo, facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet, y la presentación de pasaporte o matrícula consular; propone garantizar el principio de paridad de género en elecciones de órganos colegiados y unipersonales, respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos.

Compactar al INE, otro punto del plan B de AMLO

Otro de los aspectos importantes del plan B es compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE); que los órganos distritales sean temporales, y se reduzcan de 300 a 260 durante periodo no electoral.

Además, elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; unifica el programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección; establece que los consejeros del INE y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan un salario inferior al del Presidente de la República.

Modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos; elimina dos Salas Regionales que no entraron en funciones, y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

Se prohíbe condicionar ejercicio de derechos o prerrogativas

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Asimismo prohíbe a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que pide la Constitución.

Establece como criterio para aplicación de gasto público en propaganda gubernamental y cualquier otra forma de comunicación social, a la austeridad republicana, entre otras disposiciones.

El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); la Ley General de Comunicación Social; y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.