"Rápido y furioso": ¿En qué consistió este operativo fallido que terminó dando armamento a carteles mexicanos?

CIUDAD DE MÉXICO.- En el año 2009, el gobierno de Estados Unidos inició un operativo conocido como "Rápido y furioso", en el cual traficaron de manera ilegal a México, más de 2 mil armas de alto calibre.

Esta acción estuvo a cargo de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), teniendo como objetivo identificar conexiones entre los traficantes de armas y grupos del narcotráfico.

A pesar de que estas armas contaban con un chip de rastreo para ubicarlas en México, el operativo terminó fallando rotundamente, pues las autoridades estadounidenses perdieron el control de las armas.

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Esto, al menos de manera teórica, podría haberlos ayudado a reconstruir los esquemas de tráfico de armas que existían en México, es decir, identificar quienes compraban las armas, a quienes se las vendían, por cuáles puntos de la frontera cruzaban, hasta qué carteles llegaban en México”, dijo el investigador de seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez, citado por Foro TV.

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Las autoridades perdieron el rastro de la mayoría de las armas y, según Sanchez, a lo largo del tiempo solo se consiguieron identificar y recuperar alrededor de 300.

Estas armas que entraron deliberadamente al país, quedaron en manos de los carteles del narcotráfico, entre ellos el cártel de Sinaloa, la familia michoacana y los zetas.

Múltiples crímenes derivaron de "Rápido y furioso"

Una cantidad considerable de estas armas fueron encontradas en muchos delitos cometidos en México, como el tiroteo en el 2010 en el que murió Brayan Terry, un agente de la patrulla fronteriza.

En este tiroteo, las autoridades encontraron dos rifles de asalto que ingresaron al país en el operativo ‘Rápido y furioso”.

En febrero de 2011, fue asesinado en San Luis Potosí el agente de la oficina de inmigración y aduanas, Jaime Zapata. En este homicidio también fue usada un arma del operativo fallido.

Por su parte, el departamento de justicia estadounidense reconoció que hubo errores tácticos, de juicio y una falta total de atención a la seguridad pública, por lo que varios agentes de la ATF y funcionarios terminaron con “sanciones administrativas”.