Revelan espionaje de EU a periodistas en frontera con México

El gobierno de Estados Unidos llevaba una base de datos de periodistas, activistas, organizadores e “instigadores” durante una investigación a la caravana migrante del año pasado, lo que enfureció a grupos defensores de las libertades civiles y de periodistas que lo tacharon de ser una violación flagrante a la libertad de expresión.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

(CBP, por sus siglas en inglés)

compiló información personal que incluía foto del pasaporte, fecha de nacimiento, supuesta participación en la caravana y si habían sido arrestados. La existencia de la base de datos fue dada a conocer el miércoles por la televisora KNSD de San Diego.

La gente mencionada en los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionados a

la estación incluía a 10 periodistas

, a siete ciudadanos estadounidenses, un abogado estadounidense y 47 personas de Centroamérica. A algunas de las personas en la lista les negaron la entrada a México y sus pasaportes fueron marcados.

La recopilación de la inteligencia se hizo bajo el amparo de la “Operación Línea Segura”, que fue diseñada para monitorear la multitudinaria caravana que partió desde Centroamérica el año pasado con el objetivo de pedir asilo en Estados Unidos.

La CBP no negó la existencia de la base de datos, diciendo en un comunicado enviado a The Associated Press que el refuerzo de la seguridad fue efectuado tras una brecha en el muro fronterizo en San Diego el 25 de noviembre en una confrontación violenta entre miembros de la caravana y agentes.

El choque derivó en el cierre del cruce más concurrido del país durante cinco horas en el fin de semana del Día de Acción de Gracias.

Los funcionarios dijeron que era parte de protocolo darle seguimiento a dichos incidentes para recabar evidencia y determinar si el evento fue planeado.

Estos "actos delictivos (...) que incluyeron agresiones a la policía y un riesgo para la seguridad pública, son monitoreados e investigados rutinariamente por las autoridades”, apuntó la CBP.

El comunicado no abordó los detalles concretos de por qué había periodistas en la lista para que su pasaporte fuera marcado.

Bin Guan, un periodista independiente y estudiante del Centro Internacional de Fotografía, dijo que él y un colega fueron detenidos por agentes estadounidenses mientras regresaban de Tijuana en diciembre. Un agente vestido de civil que no proporcionó el nombre de su agencia le mostró a Guan un documento de varias páginas con decenas de fotografías y le pidió identificar a las personas en las imágenes. Luego el agente le pidió que le enseñara las fotografías que había tomado en Tijuana.

Guan dijo que el informe de los expedientes confirmaron las sospechas que él y otros periodistas tenían desde hace mucho.

“Es una especie de combinación extraña de paranoia y orgullo”, dijo Guan. “Paranoia porque nuestro gobierno lleva a cabo estas tácticas de recopilación de inteligencia y estos patrones de hostigamiento para intentar disuadir a los periodistas de hacer su trabajo, pero también un poco de orgullo porque siento como que voy por buen camino”.

Varios grupos denunciaron la base de datos, incluidas organizaciones periodísticas, el gobierno mexicano, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional y el Southern Poverty Law Center, organización sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles.

“Monitorear a periodistas y defensores de inmigrantes es indignante y, si está basado en sus opiniones políticas o actividades legítimas relacionadas con los derechos humanos, como sospechamos, es ilegal”, dijo Ashley Houghton, directora de campañas tácticas en Amnistía Internacional.

El Comité para la Protección de los Periodistas pidió al Congreso examinar lo que califica de un “patrón inquietante de actividad”, y representantes de la organización planean reunirse con funcionarios de la CBP para hablar de la situación.

La base de datos fue creada en un momento en que aumenta la tensión en las relaciones entre el gobierno de Trump y los periodistas, y Trump ha dicho que algunos miembros de la prensa son “enemigos del Estado”.

También han aumentado las noticias falsas que proliferan en las redes sociales tanto de la izquierda como de la derecha política con el objetivo de inclinar más a los estadounidenses hacia uno u otro lado.

El DHS pidió el año pasado a un contratista monitorear a más de 290.000 fuentes noticiosas y redes sociales alrededor del mundo en varios idiomas, y compilar bases de datos de periodistas, editores, corresponsales extranjeros y blogueros. Los funcionarios del DHS dijeron que el objetivo era recopilar información de código abierto, en forma similar a las alertas que el público puede activar a través del correo electrónico.

Y, según documentos obtenidos a través de una petición del semanario The Nation con base en la Ley de Libertad de Información, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, otra sección del DHS, monitoreó una serie de protestas en contra de Trump en la ciudad de Nueva York el año pasado, incluidas varias que promovían los derechos de los inmigrantes y una organizada por un miembro del Congreso.

Los documentos de la caravana, fechados el 9 de enero, están titulados: "Rama de operaciones extranjeras del sector de San Diego: Caravana de migrantes FY-2019, presuntos organizadores, coordinadores, instigadores y medios de comunicación".

Según la televisora, el material fue utilizado por el DHS y otras agencias, incluso agentes del FBI en San Diego.

Uno de los expedientes era sobre Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de Al Otro Lado, un centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana, México. Su ficha incluía detalles como el tipo de auto que conduce y el nombre de su madre, informó KNSD-TV.

Un fotógrafo que trabaja para The Associated Press también estaba en la lista.

El gobierno mexicano, que negó la entrada a algunas de las personas en la lista, dijo que desaprobaba el espionaje, que no hacía “tareas de vigilancia ilegal” y le pediría a Estados Unidos aclarar cualquier caso de “espionaje ilegal”.

“México da la bienvenida a todos los visitantes extranjeros que, en apego a las leyes migratorias, realizan en nuestro territorio actividades de turismo o profesionales”, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.