"20.000 soles o mueres": la emergencia por el aumento de las extorsiones en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Perú

Los policías apostados junto a la estación de metro de Caja de Agua, en el populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, interceptan y piden la documentación a todo el que les resulta sospechoso.

Es parte de la nueva rutina en el distrito más poblado de Perú desde que el pasado 20 de septiembre la presidenta Dina Boluarte anunciara la entrada en vigor de un estado de emergencia como parte de la "lucha contra la criminalidad".

Algunos derechos constitucionales, como el de reunión y la inviolabilidad del domicilio, han sido suspendidos y sus más de 1.220.000 habitantes tienen prohibido participar en eventos sociales ni espectáculos entre la medianoche y las 4:00 de la madrugada.

El detonante fue un ataque con una granada contra una discoteca del distrito que dejó 15 heridos.

Fue un nuevo ejemplo de la escalada violenta de la delincuencia, que se ha convertido, según las encuestas, en una de las principales preocupaciones de los peruanos. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística y Electrónica, una de cada cuatro personas mayores de 15 años residentes en las ciudades de Perú ha sufrido algún delito en el último año, más que en años anteriores.

Los responsables policiales vinculan el aumento de la delincuencia a la extensión de la práctica de la extorsión, a la que se suelen asociar otros crímenes como los asesinatos por encargo o las represalias contra quienes se niegan a pagar.

El alcalde distrital de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, fue el que pidió declarar el estado de emergencia en su distrito. "Tenemos 80 muertos a manos de la delincuencia y el sicariato", alertó.

Finalmente, la presidenta Boluarte anunció el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y varios distritos de la provincia de Sullana, en el departamento de Piura, en el norte del país. El 9 de octubre el Ejecutivo amplió la medida a dos distritos del centro de Lima: Lince y Cercado de Lima.

El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó que la medida debería servir para “darles golpes contundentes a las mafias” y rebajar los niveles de robos y homicidios en el país.

San Juan de Lurigancho es quizá uno de los distritos más emblemáticos e importantes de Perú. ¿Cómo se vive allí y cómo se ha llegado a este punto?

Entre cerros y extorsionadores

El distrito de San Juan de Lurigancho se encaja entre varios cerros de los que rodean Lima y el río Rímac, que lo separa del resto de la ciudad y que hoy discurre con poco caudal arrinconado por una densa red de carreteras casi siempre atascadas.

Cada día, cientos de miles lo cruzan para ir a trabajar a algún otro punto de la capital peruana.

Los trabajadores apiñados en los viejos buses y minibuses que descienden cada mañana desde los áridos cerros que conforman el paisaje de San Juan de Lurigancho hacia la céntrica Avenida Abancay se ha convertido en una de las más típicas estampas limeñas.

El historiador francés Jacques Poloni, que le dedicó un libro, describió San Juan como el “dormitorio” de Lima.

Ese dormitorio siempre fue conocido por tener algunas zonas peligrosas, pero en los últimos tiempos la sensación de inseguridad ha aumentado.

Según le dijo el general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola a BBC Mundo, "el índice criminal se ha elevado y hay una gran concurrencia de delitos, principalmente de extorsiones, que se acompañan con el uso de granadas, y por eso se declara la emergencia".

Como el gobierno de Boluarte, Arriola vincula el aumento del crimen a la migración venezolana y la banda conocida como el Tren de Aragua.

"El delito de extorsión ha existido siempre, pero la migración hacia el Perú que se produce en 2017 trae consigo una migración de personas vinculados a la megabanda del Tren de Aragua, dedicada a delitos contra la dignidad humana como la trata de personas, y la extorsión", señala Arriola.

Sin embargo, Ricardo Valdés, exviceministro de Interior de Perú, replica en conversación con BBC Mundo.

"El aumento de la criminalidad en todo el país se debe a la ineficiencia de las políticas públicas", cree Valdés, que apunta a además a la falta de medios policiales para atender a una población tan grande como la de San Juan de Lurigancho.

El distrito fue tradicionalmente el feudo de la banda conocida como Los Malditos de Bayóvar, integrada, según Arriola, exclusivamente por peruanos.

“Ahora te vas a enterar de quiénes somos”

Junto a la estación del metro de Caja de Agua, donde una infinidad de locales y vendedores ambulantes ofrecen desayunos a base de caldo de gallina y empanadas a los trabajadores en ruta hacia el centro de Lima, casi todas las conversaciones están copadas ahora por un único tema: la inseguridad y las extorsiones.

Es habitual que bandas criminales exijan el pago de una cantidad a los propietarios de los negocios locales. Si no pagan, se arriesgan a correr la misma suerte que la de la discoteca atacada.

La de la extorsión es una historia conocida por todos aquí. El gerente de una cadena de pollerías que tiene cuatro locales en el distrito le contó a BBC Mundo que desde hace aproximadamente un mes vienen sufriendo amenazas. Les exigen 20.000 soles (US$5.377) por cada uno de los locales.

Muestra alguno de los videos amenazantes que ha recibido. En uno de ellos, un hombre extrae una a una las balas de un cargador mientras amenaza con acento caribeño: “Ahora te vas a enterar de quiénes somos”. En otro le advierten: "20.000 soles o mueres".

La empresa ha suprimido el reparto a domicilio por temor a que sus trabajadores sean asaltados y ha visto cómo algunos renunciaban a su empleo por miedo. “Es muy difícil trabajar así”, comenta el directivo, que prefiere no dar su nombre y no descarta que el negocio tenga que cerrar ante la caída de la clientela.

"Aquí no se ve nunca un policía y pueden entrar armados en cualquier momento. Si la situación no mejora, tendremos que cerrar" comenta el gerente, que teme por los trabajos de sus empleados y por la seguridad de su familia.

Desde que el gobierno decretó la emergencia, se ven más policías en las calles, pero concentrados solo en los óvalos más concurridos y junto a las estaciones del metro.

Los locales se quejan de que los agentes no suben a los cerros y no hay una política coherente para hacer frente al problema de la inseguridad.

“El estado de emergencia puede ser una solución temporal que haga que quizá durante algún tiempo los ladrones vayan a robar a otro distrito, pero pasado un tiempo volverán”, pronostica Arturo Vásquez Escobar, residente de San Juan.

El estado de emergencia no ha terminado con los homicidos en el distrito. El último ocurrió en un paradero de la avenida Canto Grande, donde un hombre cayó abatido a balazos el pasado 1 de octubre. Solo unos días antes, otro hombre había muerto y otros dos resultaron heridos tras ser tiroteados en el parque de Los Libertadores.

Y los autores del ataque con explosivos contra la discoteca que detonó la declaración de la emergencia no han sido aún identificados pese a que las autoridades han ofrecido hasta 150.000 soles de recompensa, unos US$40.000.

Pese a ello, el gobierno defiende la medida y la presidenta Boluarte dijo que desde su entrada en vigor se había reducido la "incidencia delictiva" en San Juan de Lurigancho en un 28%.

A sus 49 años, Arturo Vásquez lleva aquí casi toda su vida. En 1986 su madre lo trajo desde su natal Ica después de conseguir un empleo en Lima.

No eran años fáciles. En aquel tiempo Perú vivía su conflicto armado interno y la guerrila maoísta de Sendero Luminoso tenía en San Juan de Lurigancho uno de sus bastiones en la misma capital del país. “Pasábamos mucho miedo. Muchas veces vi muertos por la calle a los que les habían colgado un cartel que decía ‘muerto por robarle al pueblo’”, recuerda.

Pese a la violencia, como su madre, terminó trabajando de docente y echando raíces. “He querido contribuir y hacer patria en San Juan de Lurigancho”, asegura.

La violencia lo ha perseguido a él y a muchos de los jóvenes a los que trata de llevar por el buen camino. No siempre lo consigue. Un antiguo alumno suyo fue asesinado a balazos hace algunos años en la zona de Campoy. “Se había convertido en jefe de una de las bandas de la zona”, cuenta.

Un lugar de inmigración

Como Arturo y su madre, la gran mayoría de habitantes de este abigarrado lugar son inmigrantes.

El distrito comenzó a crecer descontroladamente a partir de la década de 1960, cuando muchos en el Perú rural se lanzaron en busca de un sustento hacia la capital.

Hoy es una vasta y variopinta conurbación surcada por minibuses y taxis colectivos, y por el monorraíl elevado por el que discurre la única línea del metro de Lima, una especie de espinazo de hormigón para el distrito que alivia algo el problema de los atascos aquí. En un día malo, puede llevar más de hora y media atravesarlo en auto.

Otro de sus hitos más característicos es el penal de Lurigancho.

Construido por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en la década de 1970 en lo que entonces era todavía una zona despoblada aislada del casco urbano de Lima, la migración masiva acabó rodeándolo y alumbrando una gran concentración humana, que creció desordenadamente y se ha convertido en uno de los distritos de mayor peso electoral del país.

Por ello la candidata Keiko Fujimori decidió cerrar aquí su campaña electoral de 2021 con un desayuno con mujeres en lo alto de una loma pelada, y el actual gobierno de Boluarte intente transmitir la sensación de que la seguridad del distrito es una de sus prioridades.

El fenómeno de las “invasiones”, ocupaciones ilegales de suelo público en las que luego se construye una vivienda irregular es habitual en Perú y en San Juan de Lurigancho, ha sido uno de los motores de su caótico crecimiento.

El señor Óscar Maguiña, de 70 años, fue uno de esos primeros invasores de mediados del siglo pasado.

“Mi mamá nos trajo desde Ancash, en busca de un terreno en el que vivir mejor”, recuerda quien hoy es uno de los dirigentes vecinales de la zona de Montenegro, una de las más alejadas y desfavorecidas de todo el distrito.

Recuerda con orgullo sus comienzos. “Fui uno de los primeros que se lanzó a ocupar el Puente Huáscar y eso que el gobierno mandó incluso a los militares a intentar impedir que lo hiciéramos”.

Pero Óscar y el resto de "invasores" se salieron con la suya y pudo entonces ganarse la vida primero en la fabricación de calzado y más tarde en la construcción.

Aunque reconoce que el problema de la inseguridad siempre estuvo presente, Óscar dice que ha sido feliz en San Juan de Lurigancho. “Lo mejor es el clima, que es muy suave. ¿Lo peor? El trabajo para los jóvenes, eso sí está duro”.

A pocos metros, en el mismo parque donde Óscar toma el fresco, encontramos a una de esas jóvenes.

Se llama Maritza Mayta. Tiene 19 años y apura las horas que faltan hasta que a medianoche entre en vigor la suspensión de actividades sociales decretada por el gobierno bailando con el grupo juvenil de danza folklórica del que forma parte.

Bailan caporales, una danza local que combina elementos peruanos y bolivianos y que ella aprendió de su madre, que llegó desde Puno, departamento sureño limítrofe con Bolivia.

Maritza cuenta que “antes la vida era tranquila aquí, pero ahora hay mucha delincuencia y no nos atrevemos a salir con el celular a la calle”.

Lamenta: “Antes las comunidades estaban más unidas, pero la inseguridad nos ha ido alejando”.

Para Arturo, la de Maritza y sus amigos es una de esas historias que muestran por qué a pesar de todo San Juan de Lurigancho merece la pena.

“Cuando llegué de Ica, esto no me gustaba, pero aquí conocí gente e hice amigos de todo el Perú. En realidad, San Juan de Lurigancho es un espejo de cómo es Perú”.

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