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Exministra de Finanzas de Honduras enfrentará prisión tras revocación de arresto domiciliario

La Corte de Apelaciones tomó esta decisión debido a su supuesta participación en un fraude durante la compra de siete hospitales móviles por 47,5 millones de dólares.

Exministra de Finanzas de Honduras enfrentará prisión tras revocación de arresto domiciliario

HONDURAS.- La exministra de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, enfrentará nuevamente la cárcel tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada y Corrupción este viernes. La revocación del arresto domiciliario, dictado en enero pasado, responde a las acusaciones de presuntos actos de corrupción en los que está implicada.

Tábora está siendo juzgada por presunto fraude en la compra de siete hospitales móviles valuados en 47,5 millones de dólares durante la pandemia de la covid-19. Estos hechos ocurrieron durante el segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue declarado culpable en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

La Corte de Apelaciones emitió un comunicado en el que ordena la prisión preventiva para Tábora, suponiéndola responsable como cómplice necesario en el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras. La decisión se basa en una serie de recursos de apelación presentados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.

En noviembre de 2023, Tábora fue detenida cuando presuntamente intentaba salir del país por un punto fronterizo con Nicaragua. Sin embargo, debido a problemas de salud, se le concedió el arresto domiciliario con la condición de no abandonar Honduras y firmar regularmente un libro de control en el juzgado, además de estar bajo la supervisión de su abogado.

La Corte también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INP) brindar los cuidados médicos necesarios a Tábora, garantizando que reciba los medicamentos prescritos por los facultativos. Asimismo, se indicó que la exministra deberá someterse a procedimientos médicos y terapias según lo indicado, con la posible participación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos para vigilar el cumplimiento de la orden judicial.

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