PAÍSES BAJOS.- La Corte Penal Internacional (CPI) ha incrementado a seis el número de órdenes de detención contra líderes rusos, incluyendo al presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania desde 2022.

Este martes, la CPI solicitó el arresto del exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

La CPI considera que Shoigú (69) y Guerásimov (68) son “responsables a nivel penal” de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana” desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023.

Durante este periodo, el ejército ruso efectuó numerosos ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en diversas localidades de Ucrania, causando daños colaterales “claramente excesivos” comparados con la ventaja militar anticipada, según la Corte.

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La Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, quien sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por “dirigir ataques contra objetivos civiles” y por causar “daños colaterales excesivos” a civiles, además de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos”.

El derecho internacional humanitario busca proteger a los civiles en conflictos armados. La CPI recordó que el “principio de distinción” prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas.

La Sala acusó a los sospechosos de causar “intencionadamente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física” de la población civil, considerados “actos inhumanos” y definidos como crímenes de lesa humanidad.

Investigan los crímenes de Rusia

Shoigú, confidente de Putin, fue ministro de Situaciones de Emergencia antes de ser nombrado ministro de Defensa en 2012, posición de la que fue destituido el mes pasado y ahora se desempeña como secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Guerásimov, por su parte, ha sido jefe del Estado Mayor desde 2012 y desde enero de 2023, comandante del “Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales”.

Aunque la Sala autorizó la publicación de estas órdenes de arresto, su contenido permanece secreto para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones.

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Las órdenes de detención pueden mantenerse confidenciales durante años. En relación con la situación en Ucrania, se conocen seis órdenes de detención, incluyendo las emitidas en marzo de 2023 contra Putin y la política María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

El cumplimiento de estas órdenes de detención depende de los 124 Estados miembros de la CPI, ya que la Corte no cuenta con una fuerza propia para arrestar a los acusados.

Aunque Rusia y Ucrania no son miembros de la CPI, Kiev ha autorizado a la Corte a investigar crímenes de guerra y lesa humanidad en su territorio desde el 20 de febrero de 2014, lo que incluye la anexión rusa de Crimea y la agresión a Ucrania en 2022.

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