Más del 70% de quienes trabajan en Latinoamérica y el Caribe cuenta con empleo informal, asegura OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que la informalidad laboral afecta a la mitad de la población activa en América Latina y el Caribe, superando el 70 por ciento en muchos países de la región, con cifras alarmantes como el 80 por cientos en Bolivia. En contraste, Chile y Uruguay muestran tasas más bajas, alcanzando solo el 24 por ciento. Estos datos fueron dados a conocer durante el lanzamiento de la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe 2024-2030 (FORLAC 2.0) por la Oficina Regional de la OIT.

Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, destacó la urgencia de enfrentar la “trampa de la informalidad” mediante una acción renovada de los gobiernos y los sectores sociales. La estrategia FORLAC 2.0 busca transformar la economía informal a través de políticas integradas y nuevas iniciativas, enfocándose en el trabajo decente y la justicia social.

Perfil del trabajador informal en la región

Según la OIT, tres de cada cuatro trabajadores informales en la región son trabajadores por cuenta propia o están empleados en microempresas. Por otro lado, aproximadamente dos de cada diez ocupados informales son asalariados, mientras que el resto trabaja en el sector de los hogares. La informalidad es más pronunciada en áreas rurales (75.4 por ciento) que en las urbanas (44 por ciento), y sectores como la agricultura y la construcción son los más afectados.

Impacto social y económico

La OIT alertó sobre las consecuencias de la informalidad, indicando que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de vivir en la pobreza que aquellos que tienen empleo formal. Este problema estructural afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes, migrantes y personas con menor nivel educativo.

La FORLAC 2.0 busca fortalecer los derechos laborales, establecer incentivos para la formalización y abordar causas estructurales como la baja productividad y la falta de coordinación entre políticas de empleo y protección social. Ana Virginia Moreira subrayó la importancia de enfoques integrados que incluyan estrategias innovadoras y un compromiso simultáneo de múltiples actores sociales y gubernamentales.