Donald Trump busca demandar al Departamento de Justicia por 100 mdd tras allanamiento de mansión en Mar-a-Lago

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda por 100 millones de dólares en daños punitivos contra el Departamento de Justicia, alegando que la orden de allanamiento ejecutada en su residencia de Mar-a-Lago en 2022 fue una “persecución política maliciosa” destinada a impedir su reelección, informó el New York Post.

La demanda, presentada por su abogado Daniel Epstein, también señala al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI Christopher Wray por incumplir “principios constitucionales” al aprobar el allanamiento.

El documento legal acusa a Garland y Wray de aplicar “estándares inconsistentes” y de desviar el protocolo establecido para expresidentes, que usualmente implica el uso de medios no coercitivos para obtener documentos oficiales.

Epstein argumenta que el allanamiento y la posterior acusación contra Trump nunca debieron haber ocurrido sin antes buscar el consentimiento del expresidente y notificar a sus abogados.

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Registro de residencia en Mar-a-Lago

El registro realizado el 8 de agosto de 2022 en Mar-a-Lago resultó en la incautación de más de 100 documentos clasificados, lo que llevó a una acusación formal de 37 cargos por delitos graves contra Trump, quien se declaró inocente.

Sin embargo, el caso fue desestimado el mes pasado por la jueza de distrito Maryellen Noreika, quien determinó que el fiscal especial Jack Smith, responsable de la acusación, fue nombrado de manera inconstitucional.

La demanda por agravio presentada por Trump también menciona el testimonio del subdirector del FBI en Washington, Steven D’Antuono, quien afirmó ante un comité del Congreso que la agencia “debería haber solicitado el consentimiento” de Trump antes de realizar el registro.

Además, se incluyen comunicaciones internas del FBI que indican que algunos agentes consideraban que no había causa probable para el allanamiento y que el operativo estaba influenciado por “políticos demócratas de alto rango”.

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El portavoz de Trump, Steven Cheung, calificó la redada en Mar-a-Lago como “ilegal e inconstitucional” y señaló que este caso, junto con otros que enfrenta el expresidente, son intentos de “interferencia electoral” por parte del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris.

El Departamento de Justicia tiene un plazo de seis meses para responder a la demanda. Si no se llega a un acuerdo en ese período, el caso pasará a un tribunal federal.