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32Agusstin: Filtra video de su ex y ella se quita la vida; ¿Cómo se castiga en Argentina?

La víctima del delito terminó con su vida tras la difusión del material.

32Agusstin: Filtra video de su ex y ella se quita la vida; ¿Cómo se castiga en Argentina?

BUENOS AIRES, Argentina — La muerte de una joven luego de que su ex pareja filtrara sin consentimiento un video íntimo donde ambos mantienen relaciones sexuales, ha conmocionado a Argentina.

Existen muchas preguntas sobre el caso, sobre todo por las manifestaciones de quién difundió el video a través de redes sociales.

Por este motivo varios tienen la duda de cómo se podría castigar este delito conforme a toda la situación que lo envuelve.

¿Cómo es el delito de difusión de videos en Argentina y cuáles son sus agravantes?

El delito de difusión de videos íntimos sin consentimiento está contemplado en el artículo 155 del Código Penal de Argentina. Este artículo establece que quien difunda imágenes o grabaciones de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada puede enfrentar penas de prisión de seis meses a dos años, de acuerdo con el portal especializado Escudo legal.

El caso ha conmocionado en Argentina pues tras la muerte de la víctima del delito, la respuesta en redes sociales del presunto responsable ha sido criticada. REUTERS/Dado Ruvic/

Existen ciertas circunstancias que pueden agravar la pena, como:

  1. Difusión con ánimo de lucro: Si la difusión se realiza con el objetivo de obtener un beneficio económico, la pena puede ser mayor.
  2. Difusión masiva: Utilizar medios masivos de comunicación o redes sociales para la difusión puede incrementar la gravedad del delito.
  3. Relación de confianza: Si el autor del delito tenía una relación de confianza con la víctima (por ejemplo, pareja o ex pareja), esto puede considerarse un agravante, según información de Newtral.

¿Qué pasa si la víctima es menor de edad?

Cuando las víctimas son menores de edad, el delito se agrava significativamente.

En estos casos, se aplican las disposiciones del artículo 128 del Código Penal argentino, que establece penas de prisión de tres a seis años para quienes produzcan, financien, ofrezcan, comercialicen, publiquen, faciliten, distribuyan o difundan imágenes de menores de edad en actividades sexuales explícitas.

Aunque en Argentina desde los 16 años pueden las personas ser juzgadas, en muchos casos no se remite al señalado a la cárcel. Archivo. EFE/Nic Bothma

Además, la ley contempla medidas de protección y asistencia para las víctimas menores de edad.

Cuando tanto el autor como la víctima del delito de difusión de videos íntimos sin consentimiento son menores de edad, la situación se maneja de manera diferente debido a la protección especial que la ley otorga a los menores.

¿Qué pasa cuando un menor es señalado de la difusión de videos íntimos sin consentimiento?

  1. Responsabilidad Penal: En Argentina, los menores de 16 años no son penalmente responsables. Para los adolescentes entre 16 y 18 años, la responsabilidad penal depende de la gravedad del delito y de la evaluación de su madurez y comprensión del acto cometido.
  2. Medidas Socioeducativas: En lugar de penas de prisión, los menores pueden ser sujetos a medidas socioeducativas, como programas de reeducación, terapia psicológica, o servicios comunitarios.
  3. Protección de la Víctima: La ley también se enfoca en la protección y asistencia de la víctima menor de edad, proporcionando apoyo psicológico y medidas para evitar la revictimización.
  4. Contexto de Relación de Pareja: Si el delito se comete en el contexto de una relación de pareja, esto puede ser considerado un agravante, pero la respuesta legal sigue enfocada en la rehabilitación y educación del menor infractor.

Estas pueden ser las consecuencias y castigos en casos como el descrito.

  • Intervención de Jueces de Menores: Los casos que involucran a menores son tratados por jueces especializados en menores, quienes evalúan cada situación de manera individualizada.
  • Asistencia Integral: Tanto el menor infractor como la víctima reciben asistencia integral para abordar las consecuencias del delito y promover su desarrollo saludable.

Es importante recordar que cada caso es único y las decisiones judiciales pueden variar según las circunstancias específicas.

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