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Hijo del presidente de Colombia enfrenta un juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ¿Cómo será el proceso?

Petro Burgos habría desviado fondos destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022.

COLOMBIA.- El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, sigue avanzando luego que su defensa solicitara la declaración de más de 60 testigos.

Actualmente, Nicolás Petro permanece en detención domiciliaria en Barranquilla, a la espera de que el juicio avance.

Estos testigos incluyen figuras destacadas del ámbito político y empresarial, en el juicio que enfrenta por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La audiencia se llevó a cabo ante el juez Hugo Carbonó, en Barranquilla, quien determinó que el proceso continuará este miércoles.

Enfrenta el hijo de Petro, otros cargos adicionales

Nicolás Petro, quien en el momento de los hechos era diputado de la Asamblea del Atlántico, enfrenta cargos adicionales por violación de datos personales.

Según la Fiscalía, el hijo del presidente habría recibido dinero de personajes vinculados al narcotráfico y empresarios, algunos de los cuales habrían financiado la campaña de Gustavo Petro sin su conocimiento, según afirmó Nicolás Petro en una entrevista.

De acuerdo a EFE y según la Fiscalía, Petro Burgos habría desviado fondos que fueron aportados por terceros para la campaña presidencial de su padre en 2022.

El abogado defensor, Diego Henao, presentó una lista de testigos que incluye a Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, y a su expareja, Daysuris Vásquez. Además, se solicitó la comparecencia de empresarios como Alfonso Hilsaca y su hijo Gabriel Hilsaca Acosta, así como de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”, y su hija Mónica Lopesierra.

También se pidió la declaración de Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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Asimismo, entre los testigos solicitados se encuentran Máximo Noriega, quien fue coordinador político de la campaña en el Atlántico, y el empresario Cristian Daes.

El caso ha generado controversia desde que la audiencia inicial fue suspendida en agosto debido a la falta de pruebas completas por parte de la fiscal Lucy Marcela Laborde, quien asumió el caso tras el retiro del fiscal Mario Burgos.

Burgos fue apartado del proceso por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que le formuló tres cargos por “faltas gravísimas” y una falta grave, entre ellas, la filtración de videos a medios de comunicación y presiones indebidas durante el interrogatorio a Nicolás Petro.

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