Migrantes temen ser excluidos de distritos escolares

ESTADOS UNIDOS.- Los activistas temen que el tema será más prominente si Donald Trump ascienda a la presidencia por segunda vez sobre si aceptar a niños inmigrantes en las escuelas estadounidenses.

Por ejemplo el distrito escolar de Saugus, Massachusetts, ha implementado una nueva política de inscripción que ha generado gran controversia por los requerimientos que, según los críticos, buscan excluir a los niños inmigrantes.

El año pasado el comité educativo aprobó la medida, que exige prueba de residencia legal y establece “penalidades civiles y criminales” para quienes no cumplan con los requisitos.

Aunque el comité afirma que la política pretende “agilizar” el proceso, los activistas y defensores de derechos civiles sostienen que los cambios afectan desproporcionadamente a las familias inmigrantes, explica la Voz de América.

Relato de una madre migrante

Una madre nicaragüense, que prefirió el anonimato, relató que le tomó seis meses inscribir a su hijo de ocho años debido a las dificultades para cumplir con los requerimientos documentales.

A pesar de los esfuerzos, el distrito se negó a aceptar su contrato de arrendamiento.

Activistas legales aseguran que la política viola las leyes federales, específicamente la decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler vs. Doe de 1982, que garantiza a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, el derecho a la educación pública en Estados Unidos.

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Organizaciones como Lawyers for Civil Rights y Massachusetts Advocates for Children han intervenido en al menos dos casos de familias inmigrantes que enfrentaron dificultades para inscribir a sus hijos bajo las nuevas reglas.

La califican de ilegal la medida

Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, criticó duramente la política, calificándola de “ilegal” y enfatizando que las escuelas “deberían dar la bienvenida a todos los niños del distrito”.

Políticos conservadores en Oklahoma, Texas y Tennessee han cuestionado si los inmigrantes sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría desencadenar demandas para desafiar la decisión de *Plyler vs. Doe*.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ha sugerido que el fallo debería ser revisado y que el gobierno federal debería asumir el costo de la educación de los niños inmigrantes.

Aunque estas propuestas han enfrentado oposición, la idea de negar servicios educativos a los inmigrantes ha ganado espacio en el discurso político de algunos sectores conservadores.