Un exconcejal colombiano y su madre, entre los detenidos luego de extraer ORO de un río; autoridades investigan
Un fiscal imputó a los detenidos por varios cargos relacionados con daño ambiental.
COLOMBIA.- Un exconcejal del municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía, y dos personas más fueron arrestados por realizar minería ilegal en el río Atabapo, utilizando sustancias tóxicas como mercurio para extraer oro.
EFE destacó que la Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado que los detenidos son Juan Esteban Barrera Veloza, exconcejal de Inírida; su madre, Carmen Julia Veloza Pesquera; y Juan Camilo Aguado Hernández.
Los tres serían responsables de operar al menos diez dragas utilizadas para la explotación a gran escala de oro en la región, una práctica que no solo viola las leyes ambientales, sino que también pone en peligro un ecosistema de gran relevancia.
De acuerdo con la investigación, Carmen Julia Veloza Pesquera coordinaba la logística para obtener y trasladar las dragas, además de reclutar a los llamados “buzos”, jóvenes encargados de sumergirse y guiar el equipo para extraer el mineral.
Por su parte, Juan Esteban Barrera Veloza habría aprovechado su posición como concejal, cargo que ocupó entre 2020 y 2023, para obtener información privilegiada sobre las operaciones de control de las autoridades locales y así evitar ser detectado.
Juan Camilo Aguado Hernández también jugaba un papel crucial, no solo en tareas logísticas como la adquisición de insumos y repuestos, sino participando activamente en las labores de explotación minera.
Un daño ecológico alarmante
El río Atabapo, parte de la estrella fluvial del Inírida y catalogado como un área de especial importancia ecológica, ha sufrido graves daños debido a estas actividades.
Según la Fiscalía, se han detectado niveles alarmantes de mercurio en las aguas, un producto utilizado en el proceso de extracción de oro y vertido indiscriminadamente al río.
“El mercurio no solo afecta a la biodiversidad del río, sino que también representa un peligro significativo para las comunidades indígenas y ribereñas que dependen de estas aguas para su sustento”, subrayó el ente acusador.
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Un fiscal imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio, contaminación ambiental y la invasión de un área de especial importancia ecológica.
Con estas acciones, la Fiscalía busca sentar un precedente en la lucha contra la minería ilegal, un problema que no solo perjudica el medio ambiente, sino que también alimenta otras actividades ilícitas en regiones apartadas de Colombia.
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