Polémica en Corea del Sur: El presidente Yoon Seok-yeol califica investigaciones como “guerra civil”

SEÚL, COREA DEL SUR. — El 9 de enero, el presidente Yoon Seok-Yeol afirmó que las investigaciones en su contra relacionadas con el “incidente de la ley marcial del 3 de diciembre” representan una “guerra civil”. En una conferencia de prensa para periodistas extranjeros, señaló que el uso de vehículos blindados y helicópteros por parte de la policía y la Oficina de Investigación de la Corrupción constituye una aplicación irregular de la ley.

Acusaciones de insurrección y críticas legales

El mandatario aseguró que los intentos de arrestarlo son parte de un complot liderado por el Partido Demócrata de Corea y las autoridades judiciales. Estas acciones fueron catalogadas como una insurrección destinada a derrocar al gobierno. Desde su perspectiva, arrestos impulsados por fuerzas especiales son equivalentes a actos de guerra civil.

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Por otro lado, expertos legales en Corea del Sur han calificado estas declaraciones como contradictorias e inapropiadas, especialmente al ser dirigidas a la prensa extranjera. Según Cha Jin-ah, profesora de derecho en la Universidad de Corea, estas afirmaciones buscan justificar la resistencia del presidente mientras se cuestiona la validez de las órdenes judiciales.

Impacto económico y opiniones divididas

Las acusaciones de Yoon han generado incertidumbre económica, exacerbada por la caída en la calificación crediticia del país, el aumento del tipo de cambio y la salida de inversores extranjeros. En contraste, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, detenido por su presunta participación en el caso, señaló que la investigación es una “guerra civil política” diseñada para eliminar al presidente.

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Profesores como Min Man-ki de la Universidad Sungkyunkwan y Choi Jeong-hak de la Universidad Abierta de Corea consideran que estas declaraciones tienen un trasfondo político, destinado a ganar tiempo y movilizar a los conservadores de línea dura.

Postura ante la orden de arresto

El equipo legal del presidente argumenta que la Oficina de Investigación de la Corrupción no tiene la autoridad para proceder con el caso, indicando que cualquier orden de arresto debe provenir del Tribunal del Distrito Central de Seúl. Sin embargo, abogados como Yang Hong-seok han criticado esta postura, calificándola de medida para dilatar el proceso judicial.

A medida que avanza el caso, la tensión en Corea del Sur continúa escalando, mientras los actores políticos y legales evalúan las posibles repercusiones para el futuro del país.