Comité asesor de Donald Trump podría estar actuando de manera ilegal, afirma National Security Counselors

Estados Unidos.- El “Programa de Eficiencia del Departamento de Gobierno” (Doge), respaldado por Elon Musk, enfrenta desafíos legales desde su concepción, según el portal web The Guardian.

Según documentos obtenidos por The Washington Post, una demanda presentada por el bufete National Security Counselors cuestiona la legalidad del comité asesor que Donald Trump planea crear tras su toma de posesión.

La demanda alega que el proyecto incumple las normas federales de transparencia, contratación y divulgación pública, exigiendo que se ajuste a los estándares de un “comité asesor federal”.

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La demanda señala que Doge carece de una representación “equilibrada” y no cumple con la obligación de mantener registros públicos ni de permitir el escrutinio ciudadano.

Además, se ha revelado que gran parte del personal de Doge trabaja desde las oficinas de SpaceX en Washington DC, utilizando la aplicación de mensajería encriptada Signal para comunicarse, lo que aumenta las críticas por falta de transparencia.

Se reporta que el empresario Vivek Ramaswamy, designado inicialmente como líder del conjunto del proyecto junto a Musk, planea alejarse del programa en medio de tensiones con Musk y rumores sobre su posible candidatura a gobernador de Ohio.

Fuentes cercanas a Trump han señalado la frustración de Musk con Ramaswamy debido a su “falta de compromiso” con Doge. Según informes de CBS News, la relación entre ambos se deterioró al punto de considerar su salida inevitable.

El objetivo declarado de Doge es implementar un programa masivo de eficiencia gubernamental, recortando agencias y millas de empleos en un esfuerzo por reducir costos.

Sin embargo, el proyecto carece de poder para efectuar cambios por sí solo, funcionando únicamente como un comité asesor. Trump ha defendido a Doge como una herramienta para promover un “cambio drástico”, mientras que los críticos lo ven como un intento de consolidar el control e influencias sin supervisión adecuada.

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Estructura y operación bajo escrutinio

Según el New York Times, los ejecutivos de Doge no recibirán salarios y cumplirán un período de seis meses antes de regresar a sus trabajos originales, clasificados como “empleados especiales del gobierno”.

La falta de un marco organizativo claro, ya sea como entidad externa o sin fines de lucro, ha provocado confusión sobre su estatus legal. Expertos afirman que la iniciativa se maneja más como un colectivo leal a Musk que como un proyecto formal de reforma gubernamental.

Los desafíos legales y las críticas a la transparencia han colocado al proyecto en el centro de un intenso debate. Mientras Musk y Trump lo presentan como un movimiento innovador, opositores lo acusan de carecer de supervisión adecuada y de operar bajo una capa de secretismo.