Donald Trump promete terminar con la ciudadanía por nacimiento y cerrar la frontera: Explicación de los desafíos legales

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump tomó medidas rápidas en materia de inmigración al firmar una serie de órdenes ejecutivas que dificultarían la entrada o permanencia de refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes en los Estados Unidos. Estas acciones incluyeron la declaración de una emergencia nacional en la frontera entre EU y México, la suspensión de admisiones de refugiados durante al menos cuatro meses y el cierre de una aplicación utilizada para programar citas para solicitudes de asilo (CBP One). La académica Jean Lantz Reisz discutió los desafíos legales que podrían enfrentar las órdenes ejecutivas de Trump y las implicaciones de sus políticas propuestas.

Órdenes ejecutivas y sus desafíos legales

Si bien el presidente tiene amplios poderes en materia de inmigración, existen límites. Por ejemplo, Trump ha propuesto eliminar el asilo para los migrantes en la frontera, una medida que enfrenta importantes obstáculos legales. El asilo está consagrado en la ley de EU, y solo el Congreso puede aprobar una legislación para eliminarlo. Intentos pasados, como el uso del Título 42 durante la pandemia de COVID-19 para expulsar migrantes, han sido exitosos en limitar las solicitudes de asilo, pero una orden presidencial no puede simplemente abolir el derecho a solicitar asilo.

Además, la decisión de Trump de reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras esperan su cita en los tribunales de EU, podría enfrentar obstáculos legales debido a la necesidad de cooperación por parte del gobierno mexicano, especialmente porque la política se aplicaría a migrantes de países fuera de México. Los procedimientos legales para implementar esta política no se han seguido, lo que podría abrir la puerta a demandas.

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Cerrar la frontera: Qué significa

Los detalles del plan de Trump para “cerrar la frontera” aún no están claros, pero probablemente signifiquen detener el procesamiento de migrantes que lleguen sin visas. Según la ley actual de EU, los migrantes deberían recibir una “entrevista de temor creíble” si afirman que temen regresar a su país de origen. Las órdenes de Trump eliminarían este proceso, negando efectivamente a los migrantes el derecho de solicitar asilo.

Este cambio drástico podría resultar en la expulsión inmediata de todos los migrantes que crucen la frontera, incluso aquellos que busquen algún tipo de alivio humanitario temporal. Sin embargo, las nuevas órdenes no afectarían a los migrantes que ya han ingresado a EU y han solicitado asilo, ni a aquellos con visas o que realizan actividades comerciales legítimas.

Deportación y la ley de Enemigos Extranjeros

Trump también ha anunciado planes para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798, para deportar a inmigrantes que se encuentren ilegalmente en EU, especialmente a aquellos sospechosos de tener vínculos con cárteles de drogas. Si bien la ley otorga al presidente la autoridad para deportar a los varones no ciudadanos en tiempos de guerra, se requiere probar que EU está en guerra con el país de origen del migrante, y el gobierno tendría que demostrar que toda la nación está vinculada con las acciones de los cárteles de drogas.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los tribunales federales revisen si una persona debe ser clasificada como “enemigo extranjero”, lo que brinda una vía para que se impugne legalmente si los individuos creen que están siendo mal clasificados.

Fin de la ciudadanía por nacimiento y arrestos masivos

Otro cambio importante bajo las órdenes ejecutivas de Trump sería la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de EU. Esto impediría que los niños nacidos en EU de padres no ciudadanos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense. Se espera que Trump ordene a agencias federales, como los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) y la Administración del Seguro Social, que rechacen las solicitudes de pasaportes o números de Seguro Social a menos que los padres puedan demostrar que estaban legalmente presentes en EU en el momento del nacimiento del niño. Sin embargo, dado que la ciudadanía por nacimiento está protegida constitucionalmente, cualquier acción de este tipo probablemente sería impugnada en los tribunales.

Trump también ha indicado planes para realizar arrestos masivos de inmigrantes indocumentados mediante redadas laborales. Aunque el presidente tiene la autoridad para arrestar a los inmigrantes sin estatus legal, la mayoría tiene derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración. El actual retraso en los casos de inmigración, sumado al alto costo de arrestar y deportar a millones, presenta obstáculos prácticos para las deportaciones masivas que Trump propone.

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Emergencia nacional y participación militar

Finalmente, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, lo que podría permitirle usar los fondos del Departamento de Defensa para la ejecución de leyes de inmigración y reclutar al ejército y la Guardia Nacional en los esfuerzos de seguridad fronteriza. Aunque la Guardia Nacional ha ayudado con tareas de seguridad fronteriza, como la reparación de cercas, el plan de Trump de usar al ejército para funciones de la ley probablemente enfrentará desafíos legales. La ley de EU prohíbe el uso del ejército en operaciones de seguridad interna, y cualquier intento de hacerlo probablemente resultará en demandas.

Artículo original publicado en The Conversation