¿Las órdenes ejecutivas que firmó Trump se pueden revertir?

Washington, D.C. 21 de enero de 2025.— En el primer día de su presidencia, Donald Trump dio inicio a una serie de órdenes ejecutivas de gran alcance. Algunas de ellas buscan reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos por medio de medidas drásticas contra la inmigración no autorizada, una de sus principales banderas políticas.

Estas acciones ya enfrentan una fuerte oposición legal, marcando el inicio de un período de intenso escrutinio judicial.

Entre las medidas más destacadas está la eliminación de la aplicación CBP One, que hasta ahora había permitido que cerca de un millón de personas ingresaran legalmente a Estados Unidos con elegibilidad para trabajar. Esta decisión ha generado controversia inmediata, con la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) presentando una moción en un caso ya existente contra las restricciones de asilo previamente establecidas por el expresidente Joe Biden.

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Además de los temas fronterizos, las órdenes ejecutivas también abarcan otros puntos polémicos, como la situación de los estadounidenses transgénero y la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión en todas las agencias federales.

Un asesor cercano al presidente comentó: “Nos van a demandar por todas estas cosas”, anticipando una gran cantidad de demandas en curso.

Un volumen elevado de litigios

Se espera que las órdenes de Trump enfrenten una oleada de demandas, lo que podría ser un desafío significativo para su administración.

Durante su primer mandato, Trump enfrentó más de 400 litigios que cuestionaban sus acciones, y sus asesores prevén que esta vez el número será aún mayor.

La carga legal podría ser tal que se establecerá un equipo exclusivo dentro del Departamento de Justicia para defender las decisiones del presidente en los tribunales, según reportó ABC News.

Desafíos legales y el papel de los tribunales

Aunque las órdenes ejecutivas pueden entrar en vigor de inmediato, también están sujetas a revisión judicial. Los tribunales tienen el poder de suspenderlas o incluso revocarlas si se considera que exceden los límites de la autoridad presidencial establecida por la Constitución o el Congreso.

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