Trump autoriza redadas en escuelas, iglesias y hospitales, lugares que eran considerados “sitios protegidos”

El Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció este martes una nueva política que autoriza la realización de redadas migratorias en lugares previamente considerados “sitios protegidos”, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta medida revoca una directriz establecida durante la administración de Joe Biden que prohibía a las autoridades migratorias efectuar arrestos en estos espacios sin la aprobación de un superior.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó el cambio asegurando que esta política “empodera” a los agentes de migración para hacer cumplir las leyes y capturar a lo que describieron como “criminales extranjeros”. Según un portavoz del DHS, esta decisión permitirá una mayor eficacia en la aplicación de las normativas migratorias.

El comunicado emitido por el DHS alega que algunos individuos acusados de actividades delictivas se refugian en escuelas y lugares de culto para evadir ser arrestados. Sin embargo, no se proporcionaron ejemplos o pruebas que respalden estas afirmaciones.

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Esta decisión se produce un día después de que Trump asumiera el cargo, reiterando su compromiso de implementar una campaña masiva de deportaciones, una de las promesas centrales de su campaña presidencial. La nueva política marca un cambio drástico con respecto a la postura adoptada por el gobierno anterior en 2021.

La directriz revocada por el DHS había sido diseñada para proteger ciertos espacios considerados esenciales para las comunidades migrantes. Entre ellos se incluían escuelas, hospitales, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda en casos de desastres naturales. El objetivo principal de esta medida era garantizar que los migrantes no evitaran acudir a estos lugares por temor a ser arrestados, asegurando así su acceso a servicios básicos y esenciales.

En el memorando de 2021 emitido por el gobierno de Biden, se subrayaba que la misín de las autoridades migratorias podía cumplirse sin limitar el acceso de las personas a recursos esenciales como alimentos, albergue o servicios religiosos. Ahora, con la revocación de esta política, surgen preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles sobre el impacto que podría tener esta medida en las comunidades vulnerables y en el acceso a servicios fundamentales.

La polémica medida ha generado críticas de activistas y expertos en derechos humanos, quienes advierten que podría fomentar un clima de miedo y desconfianza en las comunidades migrantes.