Polleros y cárceles privadas aumentan sus ingresos tras medidas anti-inmigrantes de Donald Trump
Durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), el sistema de detención de inmigrantes se expandió en un 50%.
WASHINGTON D.C., Estados Unidos.- La política de detención de migrantes iniciadas por el presidente de EU, Donald Trump, ha generado beneficios económicos significativos para las corporaciones penitenciarias privadas, que han obtenido ingresos millonarios a través de contratos con el gobierno, de acuerdo con información publicada por El Universal.
De acuerdo con documentos difundidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), obtenidos mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene planes para expandir su capacidad de detención de inmigrantes en al menos ocho estados de Estados Unidos: Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington.
Los registros evidencian que corporaciones penitenciarias privadas como GEO Group y CoreCivic han presentado propuestas para atender las solicitudes del ICE relacionadas con la expansión de los centros de detención. Estas empresas operan un gran porcentaje de las instalaciones utilizadas para la detención de inmigrantes. Según datos de la ACLU, en enero de 2020, el 81% de las personas detenidas diariamente bajo custodia del ICE se encontraba en instalaciones administradas por corporaciones penitenciarias privadas.
Actualmente, GEO Group administra 102 instalaciones con una capacidad para 82 mil camas, mientras que CoreCivic opera 65 instalaciones con más de 90 mil camas. Estas cifras forman parte de un sistema que ha crecido considerablemente en las últimas décadas.
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Sistema se expandió durante primer mandarto
Durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), el sistema de detención de inmigrantes se expandió en un 50%, con la apertura de más de 40 nuevas instalaciones, muchas de ellas gestionadas bajo contratos con empresas privadas.
La historiadora Brianna Nofil, especializada en políticas migratorias, señala que el modelo de negocio de estas corporaciones está diseñado para generar ganancias en todas las etapas del proceso, desde la construcción de los centros de detención hasta el transporte y la manutención de las personas detenidas. Nofil destaca que el objetivo principal de estas empresas no es rehabilitar o proteger a las personas, sino maximizar los beneficios económicos.
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