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Trump quiere que Estados Unidos “se apodere” de Gaza y reubique a su población. ¿Es legal?

La propuesta de Donald Trump de que Estados Unidos “tome el control” de Gaza y reubique a su población es ilegal según el derecho internacional.

Trump quiere que Estados Unidos “se apodere” de Gaza y reubique a su población. ¿Es legal?

WASHINGTON.-En una conferencia de prensa en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que su país “tome el control” de la Franja de Gaza y reubique de manera permanente a los casi dos millones de palestinos que viven allí, trasladándolos a países vecinos. Esta declaración ha generado una ola de críticas y preguntas sobre su legalidad y viabilidad bajo el derecho internacional. A continuación, The Conversation analiza la situación.

1. ¿Puede Estados Unidos tomar el control de un territorio soberano?

La respuesta rápida es no. Según el derecho internacional, no es legal que un país simplemente tome el control de un territorio soberano sin el consentimiento de la autoridad que lo gobierna. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el uso de la fuerza para adquirir territorios está prohibido bajo la Carta de las Naciones Unidas, uno de los pilares fundamentales del derecho internacional moderno.

En el caso de Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado que es un territorio ocupado, y que dicha ocupación por parte de Israel es ilegal según el derecho internacional. Por lo tanto, para que Estados Unidos pudiera tomar el control de Gaza de manera legal, necesitaría el consentimiento explícito de Palestina y su pueblo, algo que no ha ocurrido y que es altamente improbable.

2. ¿Qué dice el derecho internacional sobre la reubicación de poblaciones?

Uno de los principios más importantes en el derecho internacional humanitario es el establecido en el Artículo 49 de los Convenios de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir o deportar por la fuerza a la población de un territorio ocupado. Esto significa que, bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos o cualquier otro país podría obligar a los palestinos a abandonar Gaza.

Sin embargo, existen excepciones limitadas. Por ejemplo, una potencia ocupante puede evacuar temporalmente a una población por razones de seguridad, pero solo de manera temporal. Una vez que la situación de seguridad lo permita, las personas deben ser devueltas a sus hogares. Trump ha argumentado que Gaza es un lugar peligroso y que los palestinos “no tienen alternativa” más que irse, pero esto no justifica una reubicación permanente.

Además, cualquier traslado de población debe ser consensuado. Esto significa que cada individuo tendría que dar su consentimiento libre e informado para mudarse. Ni el gobierno de Estados Unidos ni la Autoridad Palestina pueden decidir esto en nombre de toda la población.

3. ¿Qué implicaciones tendría forzar la reubicación de los palestinos?

Forzar la reubicación de los palestinos de Gaza podría ser considerado como limpieza étnica, aunque este término no está definido en un tratado internacional específico. Según el informe de la Comisión de Expertos de la ONU sobre la ex Yugoslavia (1994), la limpieza étnica se define como:

“Hacer que un área sea étnicamente homogénea mediante el uso de la fuerza o la intimidación para eliminar a personas de ciertos grupos del área”.

Bajo esta definición, la propuesta de Trump podría encajar en este concepto, ya que implicaría la remoción forzada o coercitiva de la población palestina de Gaza.

4. ¿Qué consecuencias legales enfrentaría Estados Unidos si sigue adelante con esta idea?

Si Estados Unidos intentara implementar esta propuesta, violaría normas fundamentales del derecho internacional conocidas como jus cogens, que son principios jurídicos imperativos que no admiten derogación. Entre estos principios se incluyen la prohibición del uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos básicos.

Además, otros países tendrían la obligación de no cooperar con Estados Unidos en esta acción y de tomar medidas para prevenirla. Esto podría incluir la imposición de sanciones económicas, la congelación de activos o la restricción de venta de armas, entre otras acciones. Un precedente reciente es la respuesta internacional a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014, que resultó en sanciones masivas y el aislamiento diplomático de Moscú.

A nivel personal, Trump también podría enfrentar responsabilidad penal internacional si se demuestra que instigó la transferencia forzosa de una población. La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha emitido órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamas por crímenes relacionados con el conflicto en Gaza, lo que muestra que la CPI está dispuesta a actuar en casos de violaciones graves del derecho internacional.

5. El peligro de la retórica de Trump

Más allá de la legalidad, la propuesta de Trump plantea un riesgo moral y político grave. Su lenguaje, que describe a Gaza como un lugar de “muerte” y sugiere que los palestinos serían más felices en otros lugares, tiene un tono deshumanizante. Este tipo de retórica puede perpetuar estereotipos negativos y justificar violaciones adicionales del derecho internacional humanitario, dice The Conversation.

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Incluso si Trump no lleva a cabo su propuesta, el mero hecho de plantearla públicamente puede tener consecuencias graves. Normaliza la idea de que las normas internacionales pueden ignorarse y envía un mensaje peligroso a otros líderes y actores globales.

La propuesta de Trump de “tomar el control” de Gaza y reubicar a su población es ilegal bajo el derecho internacional. Violaría múltiples principios fundamentales, incluidos los Convenios de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas. Además, podría ser considerada como una forma de limpieza étnica, lo que acarrearía consecuencias legales y diplomáticas severas para Estados Unidos y sus líderes.

Más allá de los aspectos legales, esta idea representa un riesgo moral al deshumanizar a los palestinos y socavar las normas internacionales que protegen los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de oponerse a tales propuestas y garantizar que se respeten los principios del derecho internacional.

Artículo original publicado en The Conversation

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