Nueva fiscal general de Trump ordena posible pena de muerte a inmigrantes indocumentados

ESTADOS UNIDOS.- — En sus primeros días como fiscal general, Pam Bondi ha dado una serie de directivas que podrían cambiar la política de penas de muerte a nivel federal, una de ellas enfocado en los inmigrantes indocumentados acusados de crímenes graves.

Bajo su liderazgo, el Departamento de Justicia (DOJ) está tomando medidas para revivir la pena de muerte y asegurar su aplicación en casos que involucren a extranjeros ilegales y delitos violentos.

¿Una amenaza creciente para los inmigrantes?

Bondi, quien asumió su cargo el 5 de febrero con el respaldo de la administración Trump, ha emitido un memorándum que levanta el moratorio sobre las ejecuciones federales, impuesto durante la administración de Biden

Mundo | Noticias de México | EL IMPARCIAL

Cámara de Representantes aprueba ley para arrestar a inmigrantes indocumentados por delitos menores

Este cambio permite que el DOJ vuelva a buscar y ejecutar sentencias de muerte en casos federales, algo que no ocurría desde 2021.

El memo también establece nuevos criterios que obligan a los fiscales federales a buscar la pena de muerte en más casos, especialmente en aquellos que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves o a quienes asesinen a oficiales de policía.

Este enfoque se aplicaría, según mecionan en el documento, al reciente asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de EU, David Maland, durante un control de tráfico en Vermont.

También hace referencia el caso de Debrina Kawam, una mujer que fue quemada viva mientras viajaba en el metro de Nueva York, aunque no está claro si este último caso sería considerado un crimen federal.

También te podría interesar: Amenaza EU con usar al ejército contra cárteles en frontera

Esto dice el memo de Pam Bondi

Uno de los aspectos más impactantes del memo es la orden de revisar todas las decisiones de no buscar la pena de muerte en casos elegibles para la pena capital que se hayan presentado entre el 20 de enero de 2021 y el 19 de enero de 2025, es decir, durante la presidencia de Joe Biden.

El Capital Review Committee del DOJ tiene 120 días para reevaluar estas decisiones, con un enfoque especial en casos relacionados con cárteles, organizaciones criminales transnacionales y crímenes cometidos en territorios indígenas o bajo jurisdicción federal.

Mundo | Noticias de México | EL IMPARCIAL

Cámara de Representantes aprueba ley para arrestar a inmigrantes indocumentados por delitos menores

Según el memo, esta revisión busca asegurar que “los peores criminales enfrenten las consecuencias más severas”, lo que podría resultar en la presentación de cargos adicionales de pena capital en casos que antes se consideraron no elegibles.

El documento originalmente se manejó como una ‘filtración’, sin embargo, está actualmente disponible en el sitio web del DOJ del gobierno de Estados Unidos.

También te podría interesar: Trump promete solicitar la pena de muerte para “violadores, asesinos y monstruos”; él fue condenado por abuso sexual

Enfoque en cárteles extranjeros

El memo hace un énfasis especial en los crímenes cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales, particularmente aquellos que involucran grandes cantidades de drogas o violencia relacionada con el narcotráfico.

La fiscal general también ha ordenado que el DOJ apoye a los estados en la aplicación de la pena de muerte, asegurando que tengan los recursos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones. Esto incluye suministrarles las sustancias aprobadas, como el pentobarbital.

¿Qué sigue para los inmigrantes y las ciudades santuario?

Además de su enfoque en la pena de muerte, Bondi ha revivido una política que corta fondos a las “jurisdicciones santuario” que no colaboren con las fuerzas federales en cuestiones migratorias. Esta medida afecta principalmente a las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los inmigrantes indocumentados, aunque no se ha especificado qué constituye apoyo o servicio en este contexto.

Esta reorientación del DOJ también incluye el desvío de recursos de investigaciones de corrupción y delitos de cuello blanco para expandir la capacidad de los fiscales federales en casos de inmigración, incluyendo el enjuiciamiento de actores locales que obstaculicen los esfuerzos federales de control migratorio.

Una política en discusión

La decisión de revivir la pena de muerte federal y enfocarse en crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados ha generado una fuerte controversia.

“Hay muchas preocupaciones sobre cómo se desarrollará todo esto, pero tendremos que esperar para ver”, comentó Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena Capital de la ACLU, en entrevista con The Appeal.

Geremy Kamens, abogado defensor público federal, criticó esta directiva, afirmando que es “inconstitucional” y que pone en evidencia un “trato desigual basado en el origen nacional”.

Según Kamens, esta política establece que “vamos a buscar la pena de muerte basándonos en el origen nacional”, lo cual viola la Constitución de los Estados Unidos.

Con un enfoque tan centrado en la pena capital y en la aplicación estricta de las leyes de inmigración, el futuro de las políticas migratorias en EU podría experimentar un cambio drástico.