Pam Bondi, fiscal de EU demanda a este estado por emitir licencias a migrantes

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una demanda contra el estado de Nueva York por una ley aprobada en 2019 que permite a todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio, obtener una licencia de conducir.

La fiscal general Pam Bondi, aliada cercana del presidente Donald Trump, anunció la medida, argumentando que la ley es “inconstitucional” y que fomenta la migración irregular.

El Departamento de Justicia presentó una demanda similar contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois

Bondi acusó a Nueva York de “priorizar a los migrantes ilegales por encima de los intereses de EU.” y señaló que la demanda está dirigida contra la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general del estado, Letitia James, y el comisionado del Departamento de Vehículos Motores de Nueva York, Mark Schroeder.

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Departamento de Justicia de EU ordena a fiscales investigar a cualquier funcionario que obstaculice aplicación de leyes de inmigración

Según el Departamento de Justicia, la ley neoyorquina obstaculiza la aplicación de las leyes federales de inmigración y crea un conflicto con las políticas de seguridad nacional.

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Esta acción legal se produce seis días después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda similar contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades migratorias, incluyendo la deportación de personas indocumentadas.

En ese caso, el gobierno federal pidió a los jueces que revoquen las protecciones estatales y locales que resguardan a la población indocumentada de la deportación, calificándolas de inconstitucionales.

La administración Trump considera la ley una amenaza para sus esfuerzos por aplicar estrictamente las leyes de inmigración

La ley de Nueva York, conocida como “Green Light Law”, fue promovida como una medida para mejorar la seguridad vial y facilitar la integración de los inmigrantes en la sociedad. Sin embargo, la administración Trump la considera una amenaza para sus esfuerzos por aplicar estrictamente las leyes de inmigración.

Desde su primer periodo presidencial en el 2017, Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra las ciudades y estados que no cooperen con sus políticas migratorias, incluyendo la deportación de los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.

La demanda contra Nueva York marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno federal y los estados y ciudades considerados “santuario” para inmigrantes, que limitan su cooperación con las autoridades migratorias.