Gobierno de Milei nombra “idiotas” y “débiles mentales” a personas con discapacidad en una resolución oficial

ARGENTINA.- — La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, utilizó términos como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” para referirse a personas con discapacidad en la Resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial el mes pasado y difundida ampliamente este jueves.

Una clasificación despectiva

Los términos aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025, donde se establecen los criterios médicos para medir la invalidez laboral, un requisito impuesto por el Decreto 843/2024 para quienes perciben pensiones no contributivas.

Bajo el apartado titulado “Retardos Mentales”, la resolución clasifica a las personas con discapacidad como “idiotas”, “imbéciles” o “débiles mentales” (en grado “profundo”, “moderado” o “leve”), estableciendo que “le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor”.

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Reclamo de organizaciones y pedido de derogación

Ante la difusión de la resolución, siete organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, incluyendo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron el 3 de febrero un reclamo administrativo para exigir la derogación de la norma.

Las organizaciones argumentan que la resolución “viola los derechos de las personas con discapacidad” y atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina (ley 27.044).

Críticas al lenguaje discriminatorio del Estado

La abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, Agostina Quiroz, declaró a EFE que estos términos “reproducen y refuerzan prejuicios históricos”, aumentando la discriminación.

“Resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a estos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos”, afirmó.

Un comunicado de ACIJ, emitido el 7 de febrero, advirtió que “no hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les proporcionan los apoyos adecuados”.

Una visión médica obsoleta

Las organizaciones también criticaron que el gobierno mida la “invalidez” con criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad, promovido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre la persona y las barreras en su entorno. No se debe poner el foco en la ‘deficiencia’ de la persona ni intentar ‘normalizarla’ con tratamientos médicos, sino en transformar la sociedad para garantizar su inclusión”, explicó Quiroz.

La abogada alertó que el lenguaje utilizado en la resolución tiene “impactos concretos en la construcción de identidad de las personas con discapacidad”, además de reforzar estereotipos y barreras que impiden sociedades más inclusivas.

“El hecho de que la Administración Pública continúe usando estos términos genera graves daños a las personas con discapacidad, sus familias y a la sociedad en su conjunto”, concluyó Quiroz.