En EU, Corte Suprema evalúa demanda de México contra fabricantes de armas
Algunas armas, como la pistola Super “El Jefe” de Colt y la Emiliano Zapata 1911, están diseñadas y comercializadas para atraer a los cárteles.
MÉXICO- Este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a considerar un caso histórico que podría determinar si el gobierno mexicano puede responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses por la violencia generada por los cárteles de droga en México.
El caso, conocido como “Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos”, marca la primera vez que el máximo tribunal evalúa la aplicación de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), una ley federal que protege a los fabricantes de armas de demandas civiles por el uso indebido de sus productos, según CBS.
México argumenta que entre 200 mil y 500 mil armas de fabricación estadounidense son traficadas anualmente a través de la frontera sur, en un flujo conocido como el “río de hierro”.
Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), casi la mitad de las armas recuperadas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.
El país, que tiene leyes estrictas sobre armas y solo una tienda de armas en todo su territorio, presentó en 2021 una demanda contra siete fabricantes de armas y un mayorista, buscando 10 mil millones de dólares en daños y perjuicios.
La batalla legal: PLCAA en el centro del debate
La PLCAA, promulgada en 2005 con apoyo bipartidista, protege a los fabricantes de armas de demandas civiles relacionadas con el uso criminal de sus productos.
Sin embargo, México sostiene que su caso cae bajo una excepción de la ley, conocida como “excepción predicada”, que permite demandas cuando los fabricantes violan leyes estatales o federales y esas violaciones causan daños directos.
En septiembre de 2022, un tribunal federal de Massachusetts desestimó la demanda, argumentando que la PLCAA protege a los fabricantes de armas.
Sin embargo, en enero de 2024, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito revocó esa decisión, permitiendo que el caso avanzara.
El tribunal determinó que los fabricantes de armas habían “ayudado e incitado” la venta ilegal de armas a cárteles mexicanos, lo que generó costos significativos para el gobierno mexicano.
Argumentos de los fabricantes de armas
Los abogados de Smith & Wesson e Interstate Arms, las dos empresas restantes en el caso, argumentan que México no puede establecer un vínculo directo entre la producción legal de armas y su uso ilegal en crímenes.
Comparan la situación con la venta de cerveza por parte de Budweiser a un bar que atiende a menores de edad, afirmando que los fabricantes no pueden ser responsables del mal uso de sus productos una vez que entran en el mercado.
“En su afán por atacar a la industria de las armas de fuego, México busca arrasar con los principios fundamentales de la ley estadounidense que protegen a toda la economía”, escribieron en un escrito presentado ante la Corte Suprema.
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El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes de armas venden deliberadamente grandes cantidades de sus productos a distribuidores conocidos por vender armas que terminan en manos de cárteles.
Además, señala que algunas armas, como la pistola Super “El Jefe” de Colt y la Emiliano Zapata 1911, están diseñadas y comercializadas para atraer a los cárteles.
“Pero sus esfuerzos posteriores para encontrar y recuperar armas de los cárteles son remedios a pequeña escala dada la conducta sistémica al poner las armas en manos de los traficantes en primera instancia”, escribieron los abogados de México.
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