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Familias de Nayarit demandan en EU al exfiscal Edgar Veytia por torturas durante “El Terror en Nayarit”

Justicia transnacional: Familias de Nayarit buscan responsabilizar a Edgar Veytia por torturas en Estados Unidos.

Familias de Nayarit demandan en EU al exfiscal Edgar Veytia por torturas durante “El Terror en Nayarit”

Cinco familias del estado de Nayarit presentaron una demanda civil en Washington, D.C., contra el exfiscal general del estado, Edgar Veytia, por actos de tortura cometidos durante su gestión, conocida como “El Terror en Nayarit”, según Aristegui Noticias.

La demanda, amparada bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), busca responsabilizar a Veytia por las violaciones de derechos humanos y obtener una compensación por los daños sufridos. Este caso marca un hito en la lucha por la justicia transnacional y la rendición de cuentas.

¿Qué es la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA)?

La TVPA, aprobada en 1992 en Estados Unidos, permite que víctimas de tortura en cualquier parte del mundo presenten demandas civiles en tribunales federales estadounidenses contra los responsables. Esta ley ha sido utilizada para perseguir a perpetradores de violaciones de derechos humanos en diversos países.

Las familias nayaritas, representadas por el Centro Guernica 37 (G37), buscan establecer la responsabilidad de Veytia y obtener justicia.

Los hechos: “El Terror en Nayarit”

Durante su mandato como fiscal general de Nayarit (2012-2017), Edgar Veytia encabezó un período marcado por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad.

Las familias demandantes denunciaron que fueron torturadas mientras estaban bajo custodia de cuerpos policiales y de seguridad que actuaban bajo órdenes directas de Veytia.

Estas violaciones permanecieron impunes bajo el amparo de autoridades locales, lo que llevó a las víctimas a buscar justicia en tribunales internacionales.

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Proceso legal en Estados Unidos

Veytia, quien también posee ciudadanía estadounidense, fue notificado de la demanda y tiene 30 días para decidir si nombra un abogado, comparece al juicio o no presenta defensa alguna.

Antecedentes: En 2017, Veytia fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos por su presunta participación en actividades de narcotráfico. En 2019, se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque su condena se redujo a 10 años en 2024 por colaborar como testigo en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

Liberación: Veytia fue liberado el 10 de febrero de 2025, pero ahora enfrenta una nueva batalla legal por los cargos de tortura.

Objetivos de la demanda

Las familias demandantes buscan:

  • Establecer responsabilidades: Demostrar que Veytia fue responsable directo o indirecto de las torturas cometidas.
  • Obtener compensación: Recibir una indemnización por los daños físicos, emocionales y económicos sufridos.
  • Visibilizar las violaciones: Exponer las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo el amparo del poder público en Nayarit.

El papel del Centro Guernica 37 y sus aliados

El Centro Guernica 37, en colaboración con la firma de abogados internacional Baker McKenzie (que actuó pro bono) y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, trabajó durante más de cuatro años en la investigación de estos hechos.

  • Socios locales: La organización Justicia Transicional en México (JTMX) también participó en el proceso, apoyando a las víctimas en su búsqueda de justicia.
  • Declaraciones: Michael Reed, director de programas de Guernica 37, destacó que “la tortura sufrida por nuestros representados denota abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas que se tejieron entre actores públicos y privados en Nayarit”.

La demanda contra Edgar Veytia representa un esfuerzo histórico para llevar ante la justicia a un exfuncionario acusado de cometer crímenes atroces bajo el amparo del poder público. Este caso no solo busca justicia para las víctimas, sino también sentar un precedente en la lucha contra la impunidad y las violaciones de derechos humanos en México.

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