Trump ordena a Pam Bondi investigar a abogados que defienden a inmigrantes en litigios contra EU
Donald Trump ordenó revisar la conducta de abogados en litigios contra EU, apuntando a firmas vinculadas con demócratas
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su escrutinio sobre el sistema legal al ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, revisar la conducta de abogados y bufetes que participan en litigios que considera frívolos o abusivos contra el gobierno estadounidense.
La medida ha generado controversia en medio de disputas legales relacionadas con políticas migratorias e integridad electoral.
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¿Qué ordenó Trump sobre los litigios legales?
Trump emitió un memorando en el que instruyó a Bondi a evaluar la participación de abogados y firmas que, según él, impulsan demandas infundadas contra Estados Unidos. Argumentó que esta rendición de cuentas es necesaria para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad electoral.
La fiscal general confirmó que el Departamento de Justicia había demandado al estado de Nueva York y a varios funcionarios por políticas migratorias que, a juicio del gobierno, socavaban las leyes federales. La revisión ordenada por Trump abarcará los últimos ocho años, comenzando desde el inicio de su primera administración.
Acusaciones contra abogados de inmigrantes
En su declaración, Trump señaló que algunos abogados que representan a inmigrantes presuntamente entrenan a sus clientes para ocultar información o mentir en sus solicitudes de asilo. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden esta afirmación.
El escrutinio sobre los litigios migratorios se produce en un contexto donde el expresidente y sus aliados han solicitado el juicio político (impeachment) del juez federal de distrito, James Boasberg. Este juez bloqueó las deportaciones de inmigrantes venezolanos amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una decisión que ha causado molestia en sectores conservadores.
Respuesta del Tribunal Supremo
La petición de destituir al juez Boasberg provocó una reacción inmediata del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien calificó la propuesta como inapropiada.
Roberts afirmó que el impeachment no debe utilizarse como represalia ante fallos judiciales con los que no se está de acuerdo, destacando la importancia de la independencia judicial.
Retiro de orden ejecutiva y acuerdo con bufete
En paralelo, Trump anunció que retiraría una orden ejecutiva que revocaba autorizaciones de seguridad y amenazaba con cancelar contratos gubernamentales con el bufete Paul Weiss.
Esto ocurrió luego de que la firma aceptara no considerar la diversidad ni la inclusión en sus prácticas de contratación, además de comprometerse a donar 40 millones de dólares en servicios legales pro bono a iniciativas respaldadas por la administración de Trump.
Empresas legales bajo escrutinio
En las últimas semanas, Trump también ha emitido directrices contra las firmas Covington & Burling y Perkins Coie. Ambas empresas tienen vínculos con demócratas prominentes o participaron en investigaciones relacionadas con la conducta del expresidente, lo que las ha convertido en blanco de sus críticas.
La ofensiva legal de Trump refleja su intención de mantener la presión sobre el sistema judicial y las firmas asociadas a sus opositores políticos, en un clima marcado por disputas legales y tensiones partidistas.
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