Estados Unidos propone ampliar vigilancia de redes sociales en trámites migratorios, según Departamento de Seguridad Nacional

Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos ha propuesto una nueva medida que exigiría a los solicitantes de ciudadanía, residencia permanente y asilo compartir información sobre sus cuentas en redes sociales.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, busca reforzar la verificación de antecedentes como parte de una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump.

Esta propuesta ha generado preocupación entre grupos defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre un posible aumento en la vigilancia gubernamental.

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Actualmente, quienes solicitan visas de inmigrante y no inmigrante ya deben proporcionar información sobre sus perfiles en redes sociales.

Sin embargo, la nueva política ampliaría este requisito a todas las personas que soliciten cualquier beneficio migratorio, incluyendo aquellas que ya han sido investigadas previamente.

Motivo de “seguridad nacional”

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el objetivo es fortalecer la detección de fraude y evitar amenazas a la seguridad nacional.

El monitoreo de redes sociales en procesos migratorios no es una práctica nueva. Durante la administración de Barack Obama, se implementaron revisiones manuales y automáticas en ciertos casos.

Posteriormente, en 2019, el Departamento de Estado comenzó a recopilar información de redes sociales de casi todos los extranjeros que solicitaban visas.

Organizaciones como el Centro Brennan para la Justicia han criticado estas medidas, argumentando que podrían afectar la libertad de expresión y resultar en discriminación.

Un aspecto clave de esta propuesta es el posible uso de inteligencia artificial (IA) para analizar el contenido de redes sociales a gran escala.

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Aunque la IA podría facilitar el procesamiento de datos, expertos advierten que estas herramientas tienen limitaciones y podrían generar errores en la evaluación de solicitantes.

Además, el uso de criterios de búsqueda específicos podría omitir información relevante o llevar a interpretaciones incorrectas.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las implicaciones legales y éticas de esta medida.

Argumentan que el gobierno podría tomar decisiones de alto impacto basadas en publicaciones ambiguas o sacadas de contexto, lo que podría afectar injustamente a los solicitantes.

Asimismo, destacan que, aunque el gobierno tiene autoridad en temas migratorios, la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, incluso para quienes no son ciudadanos.