Estados demandan para bloquear orden electoral de Trump; van 18 en total
Desde la Casa Blanca, el portavoz Harrison Fields defendió la iniciativa.
ESTADOS UNIDOS.- Al menos 18 funcionarios demócratas de 19 estados, entre ellos Michigan, interpusieron una demanda contra la orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, la cual propone nuevas reglas para las elecciones en todo Estados Unidos.
La acción legal, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, alega que se trata de una intromisión inconstitucional en la autoridad estatal sobre los procesos electorales, según CBS.
La orden de Trump incluye medidas como exigir documentación oficial de ciudadanía al registrarse para votar y rechazar cualquier papeleta por correo que llegue después del día de las elecciones, aun si tiene matasellos válido.
Además, condiciona la entrega de fondos federales a los estados que no cumplan.
“La Orden Ejecutiva Electoral es inconstitucional, antidemocrática y antiamericana”, afirman los fiscales generales en la demanda, argumentando que la Constitución otorga a los estados la autoridad de definir los “momentos, lugares y formas” de las elecciones, sin mención de poderes presidenciales en este ámbito.
Respuestas encontradas: apoyo republicano y rechazo demócrata
Desde la Casa Blanca, el portavoz Harrison Fields defendió la iniciativa, calificando los nuevos requisitos como medidas de “sentido común”.
Según afirmó, “la administración Trump defiende unas elecciones libres, justas y honestas, y plantear esta pregunta básica es esencial para nuestra República Constitucional”.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Dana Nessel, fiscal general de Michigan, aseguró que el presidente “no tiene autoridad para dirigir ni controlar nuestras leyes electorales estatales, muchas de las cuales están consagradas en la Constitución estatal”.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, fue aún más contundente: “Somos una democracia, no una monarquía, y esta orden ejecutiva es una toma de poder autoritaria”.
Preocupación por la exclusión de votantes y el acceso desigual
Una de las principales objeciones es que los nuevos requisitos podrían privar del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses.
La orden establece como válidos documentos como pasaportes, licencias de conducir con designación de ciudadanía y pruebas adicionales si se presenta una identificación con fotografía.
Sin embargo, los demandantes argumentan que no todos los ciudadanos tienen fácil acceso a dichos documentos, especialmente mujeres que han cambiado su apellido o personas de bajos recursos.
David Becker, director del Centro de Innovación e Investigación Electoral, señaló que la orden representa una “toma de control federal de la autoridad constitucional de los gobiernos locales y estatales para organizar elecciones”.
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Fiscales alertan sobre riesgos de privación del voto
El fiscal general de California, Rob Bonta, denunció que la orden busca imponer “restricciones generalizadas al voto” y podría dificultar el acceso al sufragio de miles de ciudadanos.
Aaron Ford, fiscal general de Nevada, resaltó que el estado ya cuenta con un sistema seguro, con registro automático de votantes y voto por correo accesible. “Si bien esta orden es a primera vista inconstitucional e ilegal, también es innecesaria”, advirtió.
Un patrón de desconfianza en las elecciones
La orden ejecutiva es vista como una continuación de los reclamos de Trump desde las elecciones de 2016. En ese entonces, aseguró falsamente que perdió el voto popular por millones de votos ilegales.
Tras su derrota en 2020, insistió en un presunto fraude electoral sin que existieran pruebas creíbles. Las autoridades han reiterado que las elecciones recientes fueron algunas de las más seguras en la historia del país.
Mientras tanto, la demanda contra esta nueva medida se suma a otras tres ya interpuestas.
El debate sobre la integridad electoral y el equilibrio entre seguridad y acceso al voto continúa en el centro del escenario político estadounidense.
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