EEUU revisará redes sociales de solicitantes de visa y la Corte Suprema permite deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que comenzará a revisar las redes sociales de inmigrantes y solicitantes de visados para detectar actividad antisemita o acoso a personas judías, lo que podría llevar a la denegación de sus solicitudes.
WASHINGTON.-El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado dos medidas polémicas relacionadas con la inmigración y la libertad de expresión. Por un lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) comenzará a revisar las redes sociales de solicitantes de visados y residentes legales permanentes para identificar posibles actos de antisemitismo o acoso físico a personas judías, lo que ha generado críticas de defensores de los derechos humanos. Por otro lado, la Corte Suprema ha permitido al presidente Donald Trump proceder con deportaciones de presuntos miembros de bandas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con ciertos límites legales.
Medidas de revisión de redes sociales
El USCIS informó que empezará a considerar la actividad antisemita de solicitantes de visados y residentes legales permanentes en sus redes sociales, así como cualquier evidencia de acoso físico a personas judías, como motivos para negar sus solicitudes de beneficios de inmigración. Esta medida afectará a estudiantes extranjeros y a individuos asociados con instituciones educativas implicadas en actividades antisemitas.
El anuncio llega en medio de tensiones entre EEUU e Israel, especialmente después del conflicto de Gaza en octubre de 2024, que desató protestas en todo el país. El Gobierno de Trump ha etiquetado a las voces propalestinas como antisemitas y simpatizantes de grupos militantes como Hamás, Hezbolá y los rebeldes hutíes, a quienes Washington considera “terroristas”. Algunos grupos judíos han criticado esta postura, argumentando que el Gobierno confunde críticas legítimas a las políticas israelíes con antisemitismo.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Foundation for Individual Rights and Expression - FIRE) ha condenado estas políticas, afirmando que el Gobierno de Trump está “formalizando prácticas de censura”. Defensores de los derechos humanos han expresado preocupación sobre la posible violación de la libertad de expresión y la introducción de una mayor vigilancia gubernamental en las redes sociales.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
La Corte Suprema de EEUU permitió el lunes al presidente Donald Trump proceder con deportaciones de presuntos miembros de bandas venezolanas utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley histórica que generalmente solo se ha aplicado durante tiempos de guerra. La decisión, dividida 5-4, respaldó parcialmente la administración de Trump, pero también estableció límites clave para garantizar el debido proceso legal.
El tribunal determinó que los detenidos deben recibir notificación de que están sujetos a expulsión en virtud de la ley dentro de un plazo razonable, y deben tener la oportunidad de presentar una solicitud de “habeas corpus” antes de ser deportados. Esta acción judicial permite a una persona detenida comparecer ante un juez para determinar si su arresto fue legal.
El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para deportar rápidamente a los presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. La administración argumentó que estas personas representan un peligro para la seguridad nacional y que la ley les otorga el poder de actuar rápidamente. Sin embargo, los demandantes en el caso, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentaron que la orden de Trump excede sus poderes porque la ley solo autoriza deportaciones en tiempos de guerra o invasión.
La Corte Suprema dejó claro que no estaba resolviendo la validez de la interpretación del Gobierno de la ley, sino que simplemente permitió que las deportaciones continúen mientras se cumplen los requisitos legales. Los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh votaron a favor de la administración, mientras que los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer se opusieron.
Implicaciones y perspectivas
Ambas decisiones reflejan la política migratoria restrictiva del presidente Trump, que ha centrado su mandato en fortalecer las fronteras y combatir lo que considera amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, estas medidas han generado controversia y preocupación entre los defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. Mientras tanto, la Corte Suprema ha intentado equilibrar la necesidad de seguridad nacional con los principios fundamentales del Estado de derecho, estableciendo límites legales para evitar abusos.
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