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Impugnan abogados Ley de Enemigos Extranjeros para impedir que se deporte a venezolanos acusados de pertenecer a banda Tren de Aragua

Argumentan que su aplicación viola derechos fundamentales, ya que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.

Impugnan abogados Ley de Enemigos Extranjeros para impedir que se deporte a venezolanos acusados de pertenecer a banda Tren de Aragua

La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, ha sido objeto de controversia recientemente debido a su uso por parte de la administración de Donald Trump para deportar a inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Diseñada originalmente para tiempos de guerra, permite al gobierno estadounidense deportar o encarcelar a extranjeros considerados enemigos del país sin necesidad de un juicio previo.

Abogados y grupos de derechos civiles han impugnado la aplicación de esta ley, argumentando que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que su uso viola los derechos fundamentales de los inmigrantes.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha liderado esfuerzos legales para bloquear estas deportaciones, señalando que la ley no debería aplicarse en situaciones que no involucren conflictos bélicos.

La banda Tren de Aragua, originaria de Venezuela, es conocida por actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas y trata de personas. Su expansión internacional ha llevado a que varios países, incluido Estados Unidos, la consideren una amenaza. Sin embargo, los abogados de los inmigrantes venezolanos han cuestionado la evidencia utilizada para vincular a sus clientes con esta organización, señalando que los métodos de identificación son poco confiables.

Recientemente, jueces federales en Texas y Nueva York han emitido órdenes para bloquear temporalmente las deportaciones de varios venezolanos mientras se revisan los casos. Estas decisiones judiciales se tomaron para destacar la necesidad de garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los inmigrantes, especialmente en casos donde las acusaciones no están respaldadas por pruebas sólidas.

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