Gobierno de Trump se niega a informar sobre migrante salvadoreño deportado pese a tener estatus legal

Greenbelt, Maryland, a 11 de abril de 2025. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a entregar información clave sobre Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que fue expulsado del país y enviado a una prisión en El Salvador, a pesar de contar con un estatus migratorio legal y no tener antecedentes penales.

La jueza federal Paula Xinis había ordenado al Gobierno facilitar el regreso de Ábrego tras un fallo de la Corte Suprema emitido el jueves, el cual respaldaba su decisión. Sin embargo, durante una audiencia este viernes, el Gobierno de Trump no cumplió con el plazo para entregar la documentación solicitada sobre el caso del joven salvadoreño, quien residía legalmente en Maryland junto a su esposa y tres hijos.

El Gobierno evade responder ante la Corte

Durante la audiencia, la jueza increpó al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, por la negativa de la Administración a colaborar con la Corte.

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No estoy pidiendo secretos de Estado,

—  reclamó Xinis.

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Estoy preguntando dónde está un hombre que fue deportado de este país de manera ilegal y errónea.

Ensign respondió que no tenía información que pudiera compartir.

Ante la falta de respuestas, la magistrada ordenó al Gobierno entregar un informe diario sobre el paradero de Ábrego y las acciones realizadas para facilitar su regreso.

Un caso que evidencia las deportaciones arbitrarias

Ábrego García, de 24 años, huyó de El Salvador tras ser víctima de amenazas por parte de la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales. A pesar de contar con protección migratoria en Estados Unidos y no tener vínculos con actividades criminales, fue deportado bajo la acusación de pertenecer a la pandilla MS-13, una afirmación que no ha sido respaldada por pruebas judiciales.

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La Corte Suprema, en su fallo del jueves, cuestionó severamente los argumentos del Gobierno para justificar la deportación y detención del joven, calificando el procedimiento como deficiente y sin sustento legal.

Transferido a una megacárcel en El Salvador

El Gobierno de Estados Unidos argumentó que el traslado de Ábrego fue un “error administrativo”, y alegó que no puede traerlo de regreso porque actualmente está bajo custodia del Gobierno salvadoreño. La administración de Trump mantiene un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para enviar migrantes a la prisión Cecot, conocida por las denuncias de violaciones a derechos humanos.

Como parte del convenio, Washington paga seis millones de dólares anuales a El Salvador para sostener este sistema penitenciario. Hasta ahora, se han deportado 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, un análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de estos detenidos no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.