Inician "plan de arranque" para detener la deforestación en la Amazonía
El Gobierno de Perú ha firmado un acuerdo con Noruega, Alemania, Reino Unido y EU para financiar un "plan de arranque".
LIMA.- En un esfuerzo por combatir la deforestación en la Amazonía, el Gobierno de Perú ha firmado un acuerdo con Noruega, Alemania, Reino Unido y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para financiar un "plan de arranque" con alrededor de 10 millones de dólares.
Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades peruanas informaron que la iniciativa permitirá la implementación de la Fase II de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) para reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación y degradación de bosques.
Como parte de los primeros trabajos, se aprobaron acciones de planificación y levantamiento de información acordadas en la primera sesión de la Junta de Administración presidida por el Ministerio de Ambiente de Perú.
En la reunión participaron representantes de los ministerios del Ambiente, Cultura y Economía y Finanzas, así como de la Embajada de Noruega, de gobiernos regionales amazónicos, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de pueblos indígenas.
El equipo inicial se encargará de recoger información en el territorio y desarrollar los documentos de gestión a largo plazo, en un trabajo articulado con los gobiernos regionales y organizaciones indígenas, con las que se identificarán las actividades prioritarias a nivel local en el marco de la titulación de territorios.
En su condición de presidenta de la Junta de Implementación, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Nancy Chauca, remarcó que "es crucial tomar medidas rápidas para contar con las herramientas necesarias e impulsar la implementación de este proceso".
A su turno, el director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, señaló que el objetivo de la DCI es combatir la deforestación y degradación de los bosques y que "para lograrlo, es necesario establecer prioridades fundamentales que permitan asignar los recursos que serán implementados a través de los gobiernos regionales, organizaciones indígenas y organizaciones sociales".
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